La Oficina Anticorrupción salió ayer adelante en el Parlament con los votos de PSIB, Més y Podemos y con el apoyo parcial de los tres grupos de la oposición, PP, Ciudadanos y el Pi. Precisamente, estos tres partidos mostraron ayer sus dudas sobre el régimen sancionador de la ley que regulará la oficina por dudad de su legalidad. El Partido Popular defendió en el pleno, antes de que se debatiera la ley, un dictamen para que la ley fuera evaluada por el Consell Consultiu. La propuesta del PP recibió el apoyo de Pi y C's pero los partidos del Pacte impidieron con sus votos que la Oficina Anticorrupción pasara por el órgano jurídico antes de ver luz verde.
"Si están tan seguros de sus argumentos, dejen que el Consultiu les dé la razón", defendió el diputado del Pi, Josep Melià. Desde PSIB, Podemos y Més criticaron que se pidiera la valoración del órgano jurídico seis meses después de que se conociera la enmienda del régimen sancionador. "Con esta propuesta, el PP esconde sus verdaderas intenciones: que esta Oficina no sea una realidad", señaló la diputada socialista María José Camps.
Otro de los aspectos en los que la nueva Oficina no contó con el apoyo de la oposición fue con la designación del director, que los partidos del Pacte establecieron que se eligiera por mayoría absoluta si no se conseguía su apoyo por mayoría cualificada en la primera votación. Desde el PP, el diputado Juan Manuel Lafuente lamentó que "por intereses partidistas de la izquierda se pierda la oportunidad de crear una Oficina Anticorrupción independiente".
"Un nuevo mecanismo"
Por su parte, la consellera de Transparencia, Ruth Mateu, defendió el nuevo organismo como "un nuevo mecanismo" para "combatir la corrupción desde diferentes frentes". La consellera Mateu defendió que el régimen sancionador previsto busca castigar la falta de colaboración con la Oficina y encomendó a los partidos a trabajar para "restaurar la confianza de los ciudadanos".
