El juez Castro archivó ayer la pieza separada 28 del Palma Arena, donde se ha investigado si el constructor Antonio Pinal (dueño de Bruesa) regaló 600.000 euros al PP de Balears para comprar su sede central de la calle Palau Reial de Palma. Castro recuerda en su auto que dos testigos -el exedil de Cort Javier Rodrigo de Santos y el extesorero nacional del PP Luis Bárcenas, apuntaron a Pinal como autor de la dádiva, pero ni la fiscalía anticorrupción ni el Govern formularán acusación alguna por este caso.

Además de Pinal en esta pieza separada estaba como imputado (investigado) el expresident del Govern Jaume Matas. Ambos implicados se acogieron a su derecho a no declarar y no facilitaron ningún tipo de explicación sobre los hechos.

La fiscalía no acusa porque, pese a los indicios que han aparecido tras las pesquisas, no hay pruebas de que Pinal donara 600.000 euros al PP de Balears y de que el concursado constructor buscara con esta dádiva conseguir un pelotazo urbanístico en Palma con los antiguos cuarteles de Son Busquets y Automóviles.

El Govern ha optado por apartarse del caso, dado que el objeto del presunto cohecho era un expediente competencia del Ayuntamiento de Palma y él no se siente legitimado para reclamar en nombre de otras administraciones.

De Santos y Bárcenas coincidieron en afirmar que Antonio Pinal había colaborado económicamente con el PP del País Vasco. El extesorero de ese partido añadió que el constructor había donado una cantidad para la compra de la sede de Euskadi, sin que ese regalo buscara alguna contrapartida.

El exregidor de Urbanismo fue más preciso y aseguró que el propietario del grupo Bruesa le había confesado que había pagado la sede de Palau Reial a cambio de urbanizar los antiguos cuarteles, un proyecto que no prosperó.

Las investigaciones permitieron descubrir que un segundo empresario residente en Mallorca, y ya fallecido, dio un préstamo en efectivo a Pinal días antes de la compra del inmueble por el PP. No obstante, ha sido imposible determinar el destino de esa suma.

Castro recuerda que la financiación irregular de la fuerza conservadora ha quedado probada en la sentencia por la que se condenó al extesorero del PP de Balears, y cuñado de Jaume Matas, por pagar gastos electorales con dinero negro a la agencia de publicidad Nimbus.