La acusación particular en nombre del Consell de Mallorca no pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que aumente de 3 a 4 años de cárcel la condena para la expresidenta de Unió Mallorquina (UM) Maria Antònia Munar, declarada culpable de exigir, y cobrar, un soborno de 4 millones por la adjudicación de los solares públicos de Can Domenge.
Munar fue condenada a principios de octubre por un jurado popular, que rechazó aplicar a la expresidenta del Consell de Mallorca las atenuantes que ésta había reclamado tras su confesión parcial: reparación del daño, confesión del daño y dilaciones indebidas. Miguel Coca, abogado del Consell, y el fiscal anticorrupción Juan Carrau pidieron para la expolítica una condena de 4 años de cárcel, que la magistrada presidenta del tribunal, Rocío Martín, dejó finalmente el 21 de octubre en 3 años.
Munar ha recurrido la sentencia ante el TSJB y pide que la condena se sitúe entre 6 meses y 1 año de cárcel, en aplicación de las atenuantes rechazadas.
Fiscalía y Consell se oponen a la reducción de la pena y la acusación particular ya ha adelantado que no cuestiona los 3 años de cárcel establecidos por Martín para la exalcaldesa de Costitx.
Munar entregó, coincidiendo con el inicio del juicio de jurado, 150.000 euros para reparar el daño, pero este dinero, en principio, no irá destinado a resarcir al Consell por las pérdidas sufridas a consecuencia del cohecho de 4 millones de euros. La expresidenta del Parlament no hizo constar el destino de esos fondos y la no aplicación de la atenuante de reparación del daño hace que el dinero se aplique a otras responsabilidades de la condenada, como la multa de 8 millones de euros.
Munar fue condenada junto a otros dos exaltos cargos de Unió Mallorquina, Miquel Nadal y Bartomeu Vicens; el empresario Román Sanahuja, dueño de la constructora Sacresa, y Miquel Llinás, amigo de Vicens y que actuó de transportista de la dádiva pagada en 2006 por Sanahuja y que ascendió a 4 millones de euros.
