La Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Balears (Proinba) denunció ayer el carácter "excesivamente confiscatorio" de la nueva Ley de Vivienda que elabora el Govern y que, entre otros medidas, obligará a los grandes propietarios con pisos vacíos a cederlos al Ibavi para que este organismo público los dedique al alquiler social.

Los promotores, según explicó ayer a Diario de Mallorca su presidente, Luis Martín, señalan que la ley, por las obligaciones que marca a los propietarios de más de diez pisos, podría ser anticonstiticional o contravenir las directivas europeas en materia de vivienda. "Por este motivo ya hemos realizado una consulta en este sentido a nuestros servicios jurídicos", avanzó el responsable de la entidad profesional, que además anunció que presentarán alegaciones a un texto legal "que busca más el palo que el incentivo, al dedicar gran parte de su articulado al régimen sancionador", consideró.

"La Ley de Vivienda de Balears cuyo borrador ha presentado el Govern no es negativa -concedió Luis Martín-, sobre todo por el carácter social que incorpora, por lo concreto de su articulado y por el objetivo general de sacar más vivienda al mercado", detalló. "Sin embargo, tiene también una parte negativa, pues es una ley que busca más el castigo al incentivo", señaló.

"Nuestra primera consideración una vez conocido el articulado es que la normativa exagera el concepto de gran propietario al atribuir tal condición a las personas o entidades que poseen un mínimo de diez viviendas, cuando todos sabemos actualmente qué entidadades son las que reúnen en Balears los grandes excedentes de viviendas", apuntó.

"Es una ley que afecta a la línea de flotación de nuestro negocio -continuó Martín y que tiene un carácter excesivamente confiscatorio. Por ejemplo un promotor con diez pisos puede tardar, por circunstancias del mercado, más de dos años en poder venderlos. Y no por ello se le tiene que obligar a ceder esos pisos al Ibavi para dedicarlos al alquiler social", consideró Luis Martín. "Si con esta medida lo que se quiere es regular el alquiler vacacional, pues pensamos que no es esta la normativa adecuada para hacerlo", añadió. "Además, la ley aumenta la carga de trabajo de la administración en toda la que se refiere a la tramitación de un sector que ya está muy burocratizado y sometido a procesos administrativos lentos", señaló Martín.

Por otra parte, Podemos criticó ayer que la nueva normativa no salvaguarda con contundencia el derecho ciudadano a la vivienda, opinó que el texto de la ley es mejorable y que no recoge las propuestas y demandas de la sociedad civil.

El diputado Aitor Morrás lamentó que el borrador no contemple las propuestas y demandas de la sociedad civil, de la PAH, ni de la obra social de Menorca. Además, recordó que Podemos propuso al Govern que, como cuestión urgente previa a la ley, se aprobase un articulado de urgencia para atender este invierno la emergencia habitacional y la pobreza energética, lo que "ha sido ignorado". Y concluyó que el Govern ha sacado adelante la normativa sin estas demandas.