­Balears ha registrado durante el primer trimestre de este año una ratio de 19,5 mujeres víctimas de la violencia de género por cada 10.000 residentes femeninas en las islas, una situación que solo es más negativa en Canarias, con 22,8 casos, y que alcanza niveles mucho más graves que la media estatal, de 13,5. Además, el archipiélago ha contabilizado en lo que va de año seis mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, lo que supone la cifra más alta de todo el país, seguida de la Comunidad Valenciana, según subrayaron ayer en Palma la responsable estatal del departamento de la Mujer Trabajadora de UGT, Elisa García, y la encargada de Políticas Sociales y de Igualdad de este sindicato en las islas, Francisca Garí.

¿Qué explica que este problema esté más acentuado en el archipiélago? Aun reconociendo que existen pocos datos sobre esta materia y como opiniones personales, García y Garí apuntaron algunos factores relevantes: en primer lugar, el hecho de que las dos autonomías proporcionalmente más afectadas, como son Canarias y Balears, tengan una economía muy vinculada al sector servicios, con unas elevadas tasas de precariedad y sueldos bajos, lo que deja a las mujeres en una situación más vulnerable; el aislamiento que conlleva la insularidad; o el que la tasa de separaciones y divorcios sea superior a la media del país, dado que muchos varones no son capaces de aceptar que sus parejas deseen romper su relación.

En cualquier caso, los datos facilitados por UGT, con motivo de la celebración el próximo viernes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desvelan que la situación que se está viviendo este año en las islas en relación a los asesinatos no es la tónica, ya que 2015 se cerró con una víctima mortal de la violencia de género en Balears.

Un punto destacado por las representantes del sindicato es que en 2014 se contabilizaron en España 126.742 denuncias, mientras que solo 52.488 casos se registraron como casos de violencia de género con atención policial, un hecho que se achaca a la posterior retirada de esas denuncias por muchas de las afectadas debido a la presión emocional existente en este tema.

Un aspecto que se puso de relieve es que durante la crisis este problema se ha incrementado debido a la mayor precariedad laboral entre las mujeres y a los recortes que se han aplicado en las ayudas que éstas reciben, un hecho del que se responsabilizó al Gobierno del PP y a medidas como la reforma laboral.

Como ejemplo, se señaló que entre enero de 2003 y diciembre de 2014 solo se han firmado en España 5.038 contratos bonificados para víctimas de la violencia de genero, de los que 60 han correspondido a Balears. Durante 2014, esta cifra fue en las islas de nueve contratos, ocho de ellos temporales y solo uno indefinido.

Igualmente, se denunció que el teléfono 061 ha dejado de ser una vía de ayuda y protección para las víctimas para convertirse en un simple medio de información.

Elisa García recordó que existe también el problema del acoso sexual en el marco laboral, y en este sentido se lamentó la permisividad que existe ante los casos más leves, pese a la incomodidad que pueden provocar en las afectadas.

Para hacer frente a estas situaciones, las representantes del sindicato reclamaron un gran pacto de Estado en el que deben implicarse todas las organizaciones políticas y sociales.

Entre las medidas a adoptar, se reclamó que las mujeres víctimas deberían poder disponer de un permiso retribuido de al menos dos meses en el seno de las empresas privadas, como ya existe en el sector público; o que las ausencias o bajas médicas de las afectadas no les supongan perjuicios económicos. A ello sumaron el incluir en las empresas medidas y protocolos para proteger a las mujeres afectadas por el acoso sexual, o el desarrollo de campañas institucionales de sensibilización y de formación en el ámbito laboral.

Además, destacaron la necesidad de incluir en los programas de estudios de todos los niveles actuaciones para promover la igualdad entre hombres y mujeres y de lucha contra los estereotipos y contra la violencia de género.

Más atención psicológica

Por otro lado, el Institut Balear de la Dona (IBD) y la conselleria de Servicios Sociales y Cooperación han ampliado el servicio de atención psicológica a los familiares de víctimas mortales por violencia machista para que éstos puedan ser atendidos más allá de las 48 horas que establece el protocolo de intervención psicológica de emergencias. Según informaron ayer, han firmado un convenio de colaboración que supone un paso más en la asistencia a los familiares. De esta manera, se alarga el proceso de acompañamiento a estas personas, a las se los orienta y ayuda a superar el luto y las posibles secuelas derivadas de una muerte violenta.

El convenio establece que el IBD comunicará a la Dirección General de Menores y Familias cuando se produzca una muerte por violencia de género, los datos de los familiares afectados para que el servicio de apoyo e intervención psicológica de este departamento pueda contactar con ellos y ofrecerles el servicio de apoyo.