El juez de instrucción 1 de Palma reclama una fianza de casi 1 millón de euros para Dolça MuletDolçaMulet, exvicepresidenta del Consell de Mallorca, y Juan Josep Mas, exdirector insular de Patrimonio de esa institución entre 2003 y 2007, para cubrir las responsabilidades civiles del caso Ayudas, una presunta trama de desvío de fondos públicos. El magistrado da, en su auto de apertura de juicio oral por esta causa, un plazo de 24 horas a los dos antiguos dirigentes de UM para depositar la fianza o, en caso contrario, procederá a embargarles su patrimonio.
La fiscalía anticorrupción y el Consell de Mallorca acusan a Mulet y Mas de encabezar una trama dedicada a desviar fondos públicos de esa institución para gratificar a militantes de UM o captar votos para esa fuerza. Mulet, Mas y otras 10 personas serán juzgadas por el caso Ayudas, iniciado en 2006 y que causó un presunto quebranto para el Consell próximo al millón de euros.
El magistrado Juan Manuel Sobrino ha establecido una responsabilidad civil de cerca de 974.000 euros, una cantidad destinada a resarcir al Consell de las sumas desviadas a varias asociaciones culturales, deportivas y agrícolas dirigidas por destacados militantes de UM y que se beneficiaron entre 2002 y 2005 de ayudas públicas supuestamente irregulares.
El juez, al hilo de las acusaciones, entiende que Mulet y Mas pueden ser responsables de todo ese dinero malversado y les ha señalado la fianza de casi un millón.
En la causa hay otros diez acusados, exdirigentes de entidades satélites de UM, para los que se solicitan fianzas de entre 55.000 y 372.000 euros, en consonancia con el dinero público que recibió cada asociación.
Los otros diez acusados son: Miguel Artigues, Antonio Galmés, Antonio Burgos, Magdalena Rigo, María Magdalena Burguera, Nadal Real, Jaime Font Font, Miguel Oliver, Pedro Vanrell y Ágata Guillermina Costa.
Pese a que la acusación pública coloca a estos diez acusados por debajo en la presunta red de Mulet y Mas a algunos de ellos se les piden penas de casi 8,5 años de prisión, mientras que para el resto se solicitan condenas de casi 5 años de privación de libertad.
La fiscalía mantiene que Mulet y Mas por sí solos, o instigados por otros dirigentes de UM, decidieron beneficiar con dinero del Consell a militantes y simpatizantes del partido y aprovechar también los fondos públicos para captar votos entre payeses, cazadores y ciudadanos en general.
Para ello constituyeron cuatro entidades dirigidas por militantes con los que mantenían estrechas relaciones y a los que ayudaron a fundar las citadas asociaciones.
Los beneficiados con aquella red fueron la Associació d´Activitats Socioculturals; la Associació per la Conservació i Difusió del Patrimoni; la Associació Agrícola i Ramadera Fora Vila y la Associació de Societats de Caçadors.
La primera entidad recibió 372.000 euros en ayudas públicas entre 2004 y 2005 y tenía apalabrados para el 2006 otros 200.000; la segunda cobró 120.000 euros y le habían prometido 156.000 para el 2006; Fora Vila percibió unos 76.000 euros y las previsiones eran de otros 84.000 para el 2006; y la asociación de cazadores disfrutó de unos 305.000 euros y pensaba cobrar 223.000 para 2006.
Viajes de placer
La acusación mantiene que las actividades organizadas por las asociaciones afines a UM no tenían utilidad alguna para la sociedad y, en algunas ocasiones, consistieron en viajes de placer camuflados como rutas culturales. Así se invitaron a algunas personas a desplazarse a Port Aventura (Tarragona) o a la isla de Lípari (Italia).
La fiscalía añade que fruto de la comunión de intereses entre los dirigentes del Consell y sus compañeros de partido no se controló el destino real de las subvenciones. Esta dejadez habría permitido que dinero público acabara en los bolsillos de algunos de los acusados que dirigían las entidades.
La fiscalía imputa a los acusados delitos de prevaricación, malversación de caudales, fraude a la Administración, tráfico de influencias y falsedades de documentos mercantiles.
Los acusados deberán devolver, en caso de condena, al Consell de Mallorca casi un millón de euros por el dinero público supuestamente desviado.
La fiscalía pide también para algunos de los implicados importantes multas económicas, que en el caso de Mulet y Mas ascienden a 1,63 millones de euros.
El juez Pedro Barceló, cuando estaba al frente de instrucción 1, archivó parcialmente la causa en mayo del 2008, pero la Audiencia la reabrió en 2010.
El sumario ha estado paralizado durante largas temporadas por las demoras en resolverse los recursos y en calificar los hechos por la fiscalía. Esto podría dar lugar a una atenuación de las posibles condenas por dilaciones indebidas.
