18 de noviembre de 2016
18.11.2016

La fiscalía reclama a Globalia 32,2 millones por el fraude del descuento de residente

La Audiencia Nacional centra el proceso en la empresa y se declara incapaz de identificar a las personas responsables del supuesto delito

18.11.2016 | 02:11

El caso abierto en la Audiencia Nacional por el supuesto fraude cometido con el descuento de residente le puede acabar costando a Globalia y Air Europa otros 32,2 millones de euros. Esa es la cantidad que reclama a la empresa de Hidalgo la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que acusa a Globalia y su entramado empresarial de haber articulado un sistema para cobrarle siempre al Estado y su Ministerio de Fomento la máxima subvención posible, independientemente del precio pagado por el cliente.

El escrito de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene que Globalia y empresas integradas en el grupo como Air Europa y Halcón Viajes pasaban de forma generalizad "importes subvencionables superiores a los que constaban en cada billete". Presentaban para ello "no la cantidad efectivamente cobrada, sino la cuantía máxima por tarifa áerea y gastos de emisión registrada en el Ministerio de Fomento". Esta estratagema fue lucrátiva: según los cálculos de los fiscales, las empresas del grupo deberán devolver 22,7 milllones de euros en concepto de indemnización (3,6 millones son de intereses de demora), a los que se suma una multa adicional de 9,5 millones de euros.

La acusación de la Fiscalía se circunscribe a las irregularidades detectadas solo en los cargos de emisión de cada billete. Según documenta, esas tasas eran de 20 euros en los primeros años, de los que el Estado pagaba el 50%, o sea 10 euros. La cifra subió a 25 euros más tarde, de los que Air Europa reclamaba 12,5 al Ministerio de Fomento. El fraude, dice el escrito, es que siempre se le pedían al Estado esos 10 euros, primero, y 12,5 euros, independientemente de lo que de verdad se hubiera cobrado a tal efecto en cada agencia de viajes.

Los hechos fueron denunciados en primer lugar por la Confederación Española de Agencias de Viajes, que acusó a Globalia y a su aerolínea de utilizar mal un descuento creado para que los residentes insulares vean reducido a la mitad el coste de sus viajes a la península. A raíz de esa demanda, Globalia depositó 19,2 millones de euros en la Audiencia Nacional. Para entonces, el propio Ministerio de Fomento ya había iniciado una investigacion propia, que continuó la policía y llevó a Globalia a pagar otros 17,7 millones euros por el mismo fraude entre los años 2010 y 2015, cantidad entregada tras un acuerdo entre Fomento y la propia aerolínea.

Ahora se confirma el golpe económico a Globalia a cuenta del supuesto fraude, que tiene responsable, el holding de los Hidalgo, pero no autor con nombre y apellidos. La Fiscalía explica que el mecanismo por el que se obtuvieron millones de euros públicos fue muñido por una persona "no suficientemente identificada, con facultades decisorias en la sociedad acusada", una empresa familiar controlado por los Hidalgo desde su fundación. El fiscal sí explicita que las decisiones parten de Globalia Servicios Corporativos, pero poco más.

Desde que trascendieron los hechos, Globalia se ha mostrado dispuesta a asumir su error, si es que lo ha cometido. De ahí los sucesivos pagos a Fomento. El episodio está teniendo consecuencias más allá. Fomento pretende aplicar unos topes máximos en el descuento de residente a los billetes comprados por grupos, una medida "contra el fraude" que en el Gobierno central reconocen que está directamente ligada a las prácticas detectadas en Air Europa. En Fomento encontraron también en algunas aerolíneas otros abusos tales como regalar a asociaciones, clubes deportivos, empleados, empresas y particulares billetes del mayor valor posible, que las aerolíneas luego rentabilizaban reclamando al Estado el 50%.

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