Balears está registrando una "competencia feroz" entre constructoras para edificar o rehabilitar viviendas de alto nivel, según subraya el presidente de la patronal isleña que representa a este sector, Eduardo López. La demanda que se está registrando en estos momentos en el archipiélago, protagonizada en muchos casos por clientela extranjera, ha impulsado el desembarco en las islas de empresas llegadas de la península y ha agravado la guerra de precios a la baja que se está viviendo en torno a esta actividad.

El protagonismo que estos inmuebles de lujo está adquiriendo en el mercado inmobiliario balear es comentado por todos los colectivos vinculados a este sector. Hace pocos días, el recién reelegido presidente de los promotores de las islas, Luis Martín, ya subrayaba que la mitad de las viviendas que se edifican actualmente en el archipiélago son chalés, mientras que buena parte de los plurifamiliares en desarrollo presentan un precio que queda fuera del alcance de la mayoría de los bolsillos isleños. Los datos del colegio de aparejadores de Mallorca apuntan en la misma dirección: el pasado año se visaron 598 viviendas (las que se deben de edificar en el futuro), de las que 388 eran chalés, y durante los nueve primeros meses de este año los unifamiliares han supuesto 354 de las 1.046 viviendas visadas, lo que refleja el enorme peso que este tipo de inmuebles ha adquirido.

Según reconoce Eduardo López, la edificación de chalés y la rehabilitación de inmuebles de alto nivel se está convirtiendo en uno de los principales motores del sector constructor, especialmente en un momento en que desciende la inversión en la remodelación de la planta turística, en el desarrollo de instalaciones comerciales y de oficinas, y en obra pública.

Eso hace que empresas constructoras de todo tipo se hayan lanzado ahora a la captura de proyectos residenciales de alto nivel, que cubren un abanico que va de rehabilitaciones por valores mínimos de unos 200.000 euros a la construcción de chalés que pueden llegar a suponer una inversión de seis millones de euros.

La demanda existente en esta materia es amplia y alcanza a numerosas zonas de la isla. En el caso de Palma se señalan el Casco Antiguo, Santa Catalina o El Molinar, a lo que se añaden municipios como Andratx o Pollença, y núcleos como Porto Cristo.

En estos casos, la clientela es en muchos casos de nacionalidad alemana y británica (López destaca que los efectos del Brexit sobre esta última están siendo mínimos) a las que se ha sumado con fuerza la nórdica, con un protagonismo muy especial de los suecos.

Guerra de precios

Al detectarse una importante fuente de ingresos en este mercado, muchas constructoras se han lanzado a la caza de esta clientela, independientemente de que su experiencia sea prácticamente nula en materia de edificación de lujo, según López. Para ello, el ofrecer precios a la baja se convierte en uno de sus principales atractivos, independientemente de la calidad del trabajo, según lamenta Eduardo López.

Pero en esta partida han entrado nuevos jugadores, con la llegada de empresas peninsulares. El presidente de los constructores de las islas subraya que no hay nada que objetar ante el desembarco de estas firmas, siempre y cuando respeten la normativa vigente. Pero aquí es donde aparece parte del problema.

Según López, algunas de estas sociedades traen su propio personal desde otras comunidades, al que aplican los convenios colectivos de sus regiones de origen, en algunos casos con costes laborales más reducidos que los contemplados por el balear, pese a que es obligado regirse por el del archipiélago cuando se trabaja en su territorio.

Si la entrada de empresas isleñas en el sector inmobiliario de lujo sin experiencia en este tipo de producto ya había generado una bajada de los precios, la incorporación de firmas peninsulares que actúan en fraude respecto al convenio que aplican ha hecho que este problema se haya agravado aún más, haciendo muy difícil competir a las constructoras especializadas en los inmuebles de calidad. Eso lleva al presidente de la patronal isleña a reclamar la intervención de la Inspección de Trabajo para atajar estas irregularidades.