El Partido Popular de Baleares, bajo la presidencia de José Ramón Bauzá, pagó una factura de 3.500 euros por la contratación de un abogado, al que se le encomendó la tarea de defender a la formación ante las sospechas de corrupción sospechas de corrupción que mantenían el juez Castro y el fiscal Horrach. El partido, en el año 2010, contrató a un exfiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, especializado en casos de terrorismo, que hacía poco que había abandonado la fiscalía para dedicarse a la abogacía privada.
Este fichaje y el pago de la correspondiente factura aparece documentada en la contabilidad oficial del Partido Popular. Esta información forma parte del sumario del caso Gürtel, que se juzga en estos momentos en la Audiencia Nacional.
La contratación de Ignacio Gordillocoincidió con una oleada de investigaciones impulsadas por la fiscalía Anticorrupción, que se centraban en las irregularidades cometidas en el velódromo Palma Arena y en las que se apuntaba hacia determinados políticos del Partido Popular. Aparecieron muchos nombres de políticos sospechosos y también informaciones que señalaban que el PP de la época de Jaume Matas podría haberse financiado ilegalmente.
El PP de Bauzá decidió reaccionar ante esta oleada de informaciones, según se justificó, para defender al partido. Por ello se contrató a Gordillo. El conocido exfiscal viajó a Palma y se fotografió, junto al exsecretario del PP en Balears, Miquel Riera, frente a la puerta de los juzgados de Palma. El abogado fue moderado en sus declaraciones, pero denunció que el PP estaba sufriendo una situación de indefensión.
Por consejo de Gordillo, el PP decidió personarse como acusación particular en el caso Palma Arena, a pesar de que no había ningún indicio de que el partido hubiera sufrido perjuicio alguno en la construcción del velódromo de Palma. A pesar de la oposición inicial del juez Castro a la presencia del PP en el sumario, finalmente se le aceptó su personación.
Sin embargo, la presencia del PP como acusación particular ha sido simbólica. El abogado Ignacio Gordillo no ha estado presente ni en uno solo de los interrogatorios, ni ha solicitado ninguna diligencia para poder demostrar el perjuicio que pudo sufrir el PP en este caso.
El sumario del caso Palma Arena está troceado en piezas, que recogen los diferentes delitos que se han descubierto, directa o indirectamente, relacionados con la construcción del velódromo. Cada vez que el juez ha terminado una investigación ha propuesto a las acusaciones que presenten sus correspondientes escritos, pidiendo las penas que consideren, incluido el PP. Sin embargo, Gordillo no ha respondido ni a uno solo de estos escritos.
