Las denuncias que la Agencia Tributaria recibe sobre alquileres vacacionales presuntamente ilegales por parte de vecinos y de organizaciones empresariales prácticamente se han triplicado desde 2014 en Balears, según se pone de relieve desde el citado organismo. El fuerte aumento de estos alquileres turísticos en las islas ha llevado al ministerio de Hacienda a crear dos unidades de gestión dedicadas en exclusiva al control de esta actividad, una en Mallorca y otra en Eivissa. Y a ello se suma otra novedad del presente ejercicio, como ha sido la colaboración que el personal de la administración tributaria nacional y de la balear han mantenido a la hora de visitar inmuebles y detectar posibles irregularidades.
Los fraudes que se detectan no radican únicamente en no declarar los ingresos conseguidos con alquileres 'en negro', sino incluso la obtención de desgravaciones fiscales que se conceden a las inversiones en residencias habituales cuando en realidad se trata de inmuebles que se alquilan.
Según fuentes de este organismo estatal, el citado aumento de las denuncias que recibe desde el archipiélago para que se investigue la legalidad de algunos alquileres es el ejemplo más claro del desarrollo que esta actividad está teniendo. En concreto, se destaca que el aumento de los últimos años es más que significativo, hasta el punto de que al cierre del pasado año casi se habían triplicado en relación al ejercicio anterior. Las denuncias llegan mayoritariamente por parte de los vecinos de los inmuebles y también de organizaciones empresariales vinculadas al sector ante la competencia desleal que padecen en esta materia o del ámbito turístico.
Hay un dato que se facilita y que refleja el alcance económico que el alquiler vacacional está alcanzando. Entre las actuaciones que la Inspección realiza está el barrido de páginas web en las que se ofrecen estos inmuebles. En ellas se han llegado a detectar precios que superan los 60.000 euros semanales, y que pueden llegar a alcanzar los 100.000.
La actuación que la Agencia Tributaria mantiene en relación a esta materia alcanza a varios frentes. En primer lugar, se ha intensificado lo que desde este organismo se califica como Plan de Visitas, y que consiste en reforzar la presencia de sus efectivos a pie de calle con el fin de acercarse a la realidad económica del entorno, con actuaciones que se adaptan a las características de cada zona del país. En el caso de Balears, se reconoce el elevado peso que el control de los alquileres está teniendo entre los meses de junio y septiembre. Con una novedad durante este año: la participación de personal de la Agencia Tributaria balear (ATIB) en las visitas que realizan los técnicos de la Hacienda estatal.
Según pone de relieve la directora de la ATIB, Maria Antònia Truyols, la participación del personal autonómico tiene como objetivo intensificar el control sobre el posible fraude que se pueda cometer en la aplicación del nuevo impuesto turístico.
Al respecto, Truyols señala que la Hacienda estatal ha organizado este verano once equipos encargados de visitar inmuebles que se ofrecen en alquiler (se da prioridad a los de alta gama dado que son los que pueden suponer un mayor valor económico del posible fraude) para conseguir información y detectar posibles irregularidades, y a dos de ellos se han sumado funcionarios de Balears durante la segunda quincena de septiembre, una vez iniciada la aplicación del citado impuesto autonómico, con el objetivo de comprobar si se estaba aplicando a los inquilinos.
Cruce de datos
Además, la directora de la ATIB apunta que la colaboración que se mantiene con la agencia estatal hará que ésta facilite también a la conselleria de Hacienda los datos que hayan podido conseguir todos sus grupos a lo largo de la temporada estival. Truyols subraya que la intención de ambas partes es que esta labor conjunta se mantenga durante los próximos veranos, ante el convencimiento de que la información que se obtiene resulta muy útil.
Desde la administración estatal se señala que obviamente, estas visitas a inmuebles no se hace a ciegas, y que previamente hay un trabajo de selección.
Para ello, se tienen muy en cuenta las denuncias recibidas, tal y como se ha señalado anteriormente, además de los datos que también llegan desde la Comunitat Autònoma, como los que aporta la conselleria de Turismo.
Pero además, una vía habitual es la de hacer un barrido de las páginas web en las que se comercializan estas viviendas para seleccionar aquellas que se van a visitar. Eso permite obtener datos como que se pueden llegar a cobrar hasta 100.000 euros semanales por algunas residencias de alto nivel. Un ejemplo concreto: este trabajo permitió localizar una villa en Eivissa de 1.000 metros cuadrados construidos y con más de una decena de habitaciones, que se alquilaba por 30.000 euros a la semana en verano, con posibles cobros parciales de esa cantidad a través de cuentas bancarias en Suiza pese a que los dueños estaban domiciliados en España.
Otra actuación habitual es la de acudir a empresas inmobiliarias para requerir la información que éstas cuentan en materia de alquileres. A estas visitas se suma personal informático especializado (Unidades de Auditoría Informática), lo que permite obtener datos de un elevado número de inmuebles, de sus titulares, de los inquilinos y de los medios de pago, para posteriormente contrastarlos con la información de que dispone la Agencia Tributaria.
Este año se han reforzados estas iniciativas con la ya mencionada colaboración con la Agencia Tributaria balear, y con la creación en Mallorca y Eivissa de unidades destinadas en exclusiva al control del turismo vacacional, dedicadas al cruce de información y a la selección de los contribuyentes a revisar. También se han enviado comunicaciones informáticas a los titulares de alquileres turísticos gestionados a través de plataformas online de intermediación inmobiliaria.
Una vez se dispone de toda la información obtenida a través de las citadas vías, se seleccionan los inmuebles que se van a visitar durante la temporada turística, especialmente en los casos de los chalés de alta gama. En estas inspecciones se busca información sobre la identidad del propietario, de los inquilinos, de las cantidades abonadas o de los medios de pago, para comprobar posteriormente si se declaran.
Fuentes de la Agencia Tributaria advierten que la vigilancia no se aplica exclusivamente sobre los alquileres vacacionales, sino que se extiende también a los alquileres de viviendas habituales, y en este caso se analizan, junto a los datos antes señalados, otros como pueden ser los consumos eléctricos, para determinar si el inmueble está ocupado o no y en que fechas.
Irregularidades detectadas
Los controles que se han realizado este verano en las islas tienen como primer objetivo comprobar que los ingresos conseguidos con los alquileres se declaran correctamente, a lo que se ha sumado este año la vigilancia sobre la correcta aplicación de la ecotasa al sumarse a la campaña el personal autonómico. Pero la lista de posibles irregularidades no termina aquí.
Desde el citado organismo estatal se apunta que también hay casos en las que el propietario del inmuebles reclama beneficios fiscales alegando que es su residencia habitual (como los que se consiguen por las inversiones realizadas en estas viviendas) cuando en realidad se está utilizando para el alquiler. Eso supone un doble fraude, por cuanto estos ingresos que se consiguen de los inquilinos se intentan mantener 'en negro'.
Pero también se han descubiertos casos en los que se simulaba que la vivienda estaba arrendada para poder deducir todo tipo de gastos asociados a los usuarios.
Otras situaciones detectadas son las de los propietarios que exigen a la inmobiliaria que haga constar un nombre falso como titular del inmueble, o agencias que se ofrecen para abonar al dueño de la casa el importe de los alquileres a través de paraísos fiscales.
