El conseller Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, ha criticado que "la primera declaración de intenciones del Gobierno estatal a Balears haya sido reclamar 50 millones de las desaladoras".

En un comunicado, el conseller ha denunciado que el Gobierno de Mariano Rajoy "incumple" el acuerdo político al cual se llegó en mayo de "desbloquear la puesta en marcha de las instalaciones en vista a la situación de sequía de Eivissa".

Este departamento recibió el 26 de octubre pasado dos resoluciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, por las se reclama que Balears abonen 26,1 millones de euros por la desaladora de Santa Eulària del Riu y 20,2 millones por la de Ciutadella de Menorca.

"Se incumple así", ha denunciado el conseller en un comunicado, el acuerdo político al que llegaron ambas administraciones en mayo pasado debido al "bloqueo de las instalaciones y la grave situación de sequía de Eivissa".

Mediante este acuerdo, la conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca se encargaría de conectar las instalaciones a la red y el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente rescataría la concesión de las desaladoras "sin ningún coste" adicional para la Comunitat Autònoma.

El conseller Vidal ha subrayado que Balears "cumple con este acuerdo, al haber iniciado ya las obras de conexión de la desaladora de Santa Eulària con Roca Lisa y haber iniciado la tramitación del resto de conexiones necesarias".

Por contra, "el Gobierno del Estado va en contra de los intereses de los ciudadanos de Balears" con esta resolución del secretario de Estado de Medio Ambiente.

Las instalaciones continúan siendo propiedad del Estado y así lo refleja el acta firmada el 11 de mayo de 2016 por la directora general de Recursos Hídricos, Joana Garau, y la directora general del Agua del Estado, Liana Ardiles.

En el acta se manifiesta que el Govern recibe el uso y la explotación de las desaladoras, mientras que el ministerio mantiene la titularidad y se reserva el derecho de repetir acciones contra la administración autonómica como consecuencia del rescate de las concesiones.