Casi 4.000 asalariados de Balears contratados en fraude de ley por sus empresas. Este es el resultado de la campaña extraordinaria de controles desarrollada por 32 inspectores y subinspectores de trabajo llegados de la península durante los pasados meses de julio y agosto. Eso ha conllevado que además de mejorar las condiciones laborales de estas personas, se han abierto 89 expedientes, con propuestas de sanción por un valor global de 342.230 euros.
El conseller de Trabajo, Iago Negueruela, y sus directores generales de Trabajo y de Empleo, Isabel Castro y Llorenç Pou respectivamente, presentaron ayer los resultados de la considerada como una de las actuaciones estrella de este departamento, como es el plan de lucha contra la precariedad laboral (en la presentación de esta edición participaron la presidenta Francina Armengol y el vicepresidente Biel Barceló). El balance es que fruto de esta intensificación de la vigilancia sobre la contratación temporal y a tiempo parcial, más de 5.500 trabajadores de las islas han visto mejoradas sus condiciones laborales. Esta cifra incluye los 3.927 casos de fraude detectados por el personal de inspección, más aquellos cambios en la contratación que durante ese periodo las empresas realizaron voluntariamente al conocer que había una vigilancia especial en esta materia, convirtiendo empleo temporal en indefinido o ampliando la jornada en contratos a tiempo parcial.
Los resultados de este año suponen un apreciable incremento en relación a los obtenidos en la primera edición de esta campaña, desarrollada durante el verano de 2015, cuando las inspecciones sirvieron para detectar irregularidades en unas 2.550 contrataciones, a lo que se sumaron las que las empresas aplicaron durante el desarrollo de estos controles, hasta sumar un total de unos 4.000 asalariados beneficiados.
La suma de las campañas de lucha contra el fraude supone que unos 9.500 asalariados del archipiélago han visto mejorados sus contratos, de ahí que el conseller Negueruela anunciara ya su intención de volver a desarrollar esta iniciativa durante 2017 gracias a la colaboración que se mantiene con la Inspección de Trabajo dependiente del Gobierno central.
¿Qué han detectado durante esos dos meses de verano los inspectores y subinspectores llegados de la península? Sobre todo, empresas que ofrecían a sus asalariados contratos temporales cuando por el tipo de labor desempeñada debían de ser indefinidos (ya sea para todo el año o con carácter fijo-discontinuo). En concreto, de los 9.256 contratos temporales revisados, en 3.381 se ha detectado ese fraude (lo que supone en uno de cada tres casos investigados) y se ha obligado al empresario a mejorar la situación laboral de esos trabajadores. El número de irregularidades en esta materia ha sido en 2016 muy superior al detectado en 2015, cuando se obligo a modificar 1.987 contratos.
En segundo lugar, se han analizado 2.674 contratos a tiempo parcial, y en 453 de ellos se ha detectado fraude, al tener el trabajador que hacer más horas de las acordadas, por lo que se ha obligado a la empresa a aplicar en estos casos la correspondiente ampliación de jornada y, consecuentemente, de sueldo. Esta cifra es similar a la de la campaña del verano de 2015 (457 casos de fraude de ley).
Finalmente, se ha localizado a 93 empleados a los que ni siquiera se había dado de alta en la Seguridad Social, hasta sumar los 3.297 casos de fraude antes señalados.
En 89 se ha optado por la apertura de expediente sancionador, con propuestas de multas por un valor global de 342.230 euros.
El conseller afirmó que tan importante como cuánto empleo se crea es la calidad del mismo, y en este sentido defendió que es mejor intensificar la vigilancia que la opción de bonificar las mejoras en la contratación, por considerar que esta última conlleva premiar la transformación de ilegalidades.
