Se acabó la World Travel Market de las sonrisas y el buen ambiente. Pronto volverá la guerra turística, con un campo de batalla principal, por no decir único: el alquiler vacacional, que en las próximas semanas verá nacer una nueva regulación, una que autorizará lo ahora prohibido, el arrendamiento a viajeros en edificios residenciales plurifamiliares, pero lo hará con restricciones duras y un máximo de plazas de alquiler en las islas. En eso trabaja el Govern. Los hoteleros lo saben. Y no les gusta: no quieren ni hablar de autorizar los turistas en el piso del 2ºB o del 4ºD. Eso, dicen, acabaría con el modelo que tantos éxitos está dando a Balears, y por el camino dificultaría aún más el acceso de los residentes a la vivienda y destruiría miles de empleos asociados a la apuesta por un turismo de calidad.
Por todo ello, antes de que el Govern dé el paso de autorizar parcialmente el alquiler en edificios residenciales, insisten: la única reforma que sería precisa para frenar la saturación y acabar con la economía sumergida ligada al alquiler sería elevar las sanciones para que sean disuasorias. A esas multas recrecidas habría que añadirles algo esencial, dicen: que luego se aplique, y no ocurra como ahora, denuncian, que hay más 30.000 pisos en webs de arrendamiento turístico saltándose la normativa, para alquilar ilegalmente a turista hasta delante de las sedes de Hacienda y la Conselleria de Turismo.
Desalojos policiales en Miami
En ese sentido, los hoteleros reclaman un refuerzo de la inspección: "Todos los países y destinos afectados por este problema con el alquiler están reculando para controlarlo. Y nuestro territorio es mucho más vulnerable. En Miami, por ejemplo, también muy ligada al turismo, obligan a alquilar como mínimo 60 días en zonas residenciales, y están usando a la policía para sacar a la gente que no cumple de los apartamentos. No digo que lleguemos a eso, ni mucho menos, pero hay que reforzar la inspección", reclama la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Inma Benito, que aprovechó su paso por Londres para presentar un completo informe elaborado por su colectivo, en el que se analiza el impacto y las previsiones de evolución de un sector turístico que lleva ya trece trimestres consecutivos creciendo.
Y eso pese al nuevo impuesto turístico y al impacto del alquiler, fenómenos ambos, dice Inma Benito, cuyo impacto se está analizando de forma errónea: "La ecotasa al final nos va a pasar factura, creo, pero la estamos analizando en situación de excepcionalidad, un momento en el que somos destino refugio por problemas de competidores", añade la presidente de los hoteleros, que se remite al informe turístico presentado, en el que se documenta cómo Balears recogía la mayor parte del turismo huido de destinos competidores como Turquía, Egipto, Marruecos y Túnez. "Tenemos que aprovechar este momento para mejorar el producto que ofrece Balears, para que contribuya a mejorar el bienestar regional, frenando el intrusismo y la economía sumergida", añade Inma Benito, en alusión al alquiler.
El Govern está al tanto de estas peticiones. El vicepresident y conseller de Turismo, Biel Barceló, corrobora que la nueva normativa autorizará la oferta en edificios residenciales, pero con restricciones férreas y apunta que "las sanciones al alquiler ilegal es muy posible que suban". "Habrá además nuevas figuras de castigo para quien no cumpla la normativa, y para agilizar su aplicación doblaremos la plantilla de administración y ordenación turística". Es decir, de la inspección: la guerra del alquiler está servida.
