O se protege un modelo basado en la calidad hotelera y se pone coto al alquiler turístico al margen de la ley, o los hoteleros dejarán de dedicar dinero a pagar costosas plantillas y abonar miles de millones en impuestos, para entregarse ellos también a arrendar apartamentos en negro a turistas, el negocio más lucrativo del último verano en las islas. La amenaza la dejó caer ayer la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Inmaculada Benito, que en un intenso debate con representantes del alquiler turístico denunció la disfunción competitiva que supone que hoteles que están pagando impuestos y dedicando millones de euros a mantener plantillas e instalaciones tengan que disputarse el mercado del alojamiento con propietarios particulares que hoy arriendan en negro e incumplen la ley balear, taxativa a la hora de vetar el alquiler a turistas en edificios residenciales plurifamiliares.
"Si se autoriza el alquiler a turistas en edificios plurifamiliares [como va a hacer, con restricciones, el Govern], se quebrará el modelo de éxito, que crea riqueza y empleo. Pero si se quiebra y los hoteleros tenemos que quitar el pasivo de personal y convertirnos todos en apartamentos turísticos, os aseguro que lo vamos a hacer sin ningún problema", avisaba Inmaculada Benito, formulando un farol en toda regla: la legislación actual no permite a los hoteles cambiar de uso y usar sus establecimientos como apartamentos.
Pero ahí quedó la queja por la competencia desleal y la advertencia derivada de ella, pronunciada además ante un foro de lo más imponente, el organizado por el diario digital especializado en turismo Hosteltur, que congregó en el hotel Valparaíso a más de 300 ejecutivos, representantes y autoridades del sector en Balears. En esta edición de la cita se trataba de analizar "el éxito" de negocio de este año, marcado por una cifra récord de turistas que permitirá elevar la facturación del negocio turístico a máximos, mientras por el camino se reduce el gasto por turista. Arrancaba la jornada con un debate al respecto en el que, además de Inmaculada Benito, estaba Juan Estarellas, presidente de la principal asociación de alquiler, que sostuvo que la actividad ligada al arrendamiento ha crecido un 64% este año y que hay un 48% de viajeros que no desea ir a otro tipo de alojamiento.
También Estarellas se abrazaba a un farol para reclamar que los propietarios hagan los que quieran con sus apartamentos, obviando que la normativa urbanística asigna usos a cada tipo de inmueble. Lo recordaba desde el público la representante ibicenca de Fomento del Turismo, que armaba una comparación efectiva: "Del mismo modo que no se puede instalar una industria metalúrgica en el 1ºB, no se puede montar una industria turística".
"Hay que regular"
Mediaban en el debate otras voces autorizadas, como la del jurista especializado en Turismo y profesor de Derecho Juan FranchJuanFranch, que ante la actual situación de prohibición de la mayor parte del alquiler turístico, que lleva a una actividad generalizada en negro, sostiene que la única solución es regular, para controlar la calidad de la oferta, obligar a todo el mundo a tributar y poner orden donde ahora solo hay leyes inefectivas. En ello están el Govern y su vicepresident de Turismo, Biel Barceló (Més), que en los próximos días presentará una propuesta de regulación en la que pretende autorizar el alquiler turístico en parte de la oferte en edificios plurifamiliares residenciales. Y esa es quizá la clave de la vehemencia y el cruce de faroles: se aproxima la hora en la que se decidirá cómo encara Balears los nuevos modelos de turismo, alimentados por la tecnología de impacto global de plataformas de alquiler como AirBNB. "Son ellas las que tiene toda la información de quien alquila", comentaba el profesor Juan Franch, en alusión a que estas plataformas son clave a la hora de controlar la legalidad del alquiler turístico, como lo son para calcular y reclamar los tributos que corresponden a cada propietario de apartamento.
Economía ¿colaborativa?
Esa es de hecho la batalla en todo el mundo, donde las administraciones públicas empiezan a exigir que solo se promocione en web los apartamentos autorizados como turísticos y con un número de registro oficial. Eso es lo que ha ofrecido AirBNB a la ciudad de Nueva York para evitar el veto general al alquiler, y eso justo es lo que la propia AirBNB no acepta en Barcelona, donde la economía "colaborativa" no colabora. Lo confirmaba otro de los invitados destacados del foro de ayer, Jordi Williams Carnes, director general de Turismo de Barcelona, que hablaba desde la experiencia de una ciudad y una autonomía que sí han regulado el alquiler turístico. ¿Qué está pasando? Pues que han conseguido un alquiler más ordenado y menos sumergido, pero siguen teniendo dificultades en cuestiones de seguridad (las webs no identifican a quienes se quedan en los pisos, a diferencia de los alojamientos reglados). Y también les cuesta controlar la actividad en b, toda vez que sigue habiendo oferta ilegal.
Así que hay debate para rato. Y Mallorca, por fortuna, lo encara desde el éxito de negocio, como recalcaba Hans Müller, director de contratación de Thomas Cook, que ofrecía una análisis distinto de la situación que vive el mercado del alquiler. Según él, el alojamiento en pisos ilegales se nutre sobre todo de turistas prestados y en busca de precios bajos, que se irán tan rápido como llegaron en cuanto Turquía levante el vuelo. ¿En qué se basa? En que los hoteles se han llenado igual que siempre y con precios más caros, pero las islas vieron saturadas por cientos de miles de viajeros que se alojaron en otros sitios, en esa oferta más barata, de peor calida y, por ello, más vulnerable. El futuro dará y quitará razones, pero el debate seguirá siendo intenso.
