La fiscalía de Palma tiene previsto plantear la posibilidad de aplicar una atenuante en el escrito de acusación, que se está ultimando, contra los 84 controladores de Baleares que están acusados de un delito de sedición, tras provocar un caos aéreo en el mes de diciembre de 2010. Esta atenuante, que en este caso sería la de dilaciones indebidas, se aplicaría porque se entiende que, pese a la gravedad de la actuación de estos trabajadores públicos, tendría poco sentido en estos momentos imponer penas que supongan el ingreso en prisión. Según señalaron fuentes jurídicas, la fiscalía no quiere, de ninguna de las maneras, que la actuación de estos trabajadores de la torre de control, por los graves perjuicios que ocasionaron a miles de pasajeros, quede sin castigo. Sin embargo, también se valora que en estos momentos no tendría mucho sentido que se impongan sanciones que supongan el ingreso en prisión, a pesar de que el delito de sedición, por el que les ha acusado el juez de instrucción, contempla penas de tres a ocho años de cárcel. La única forma para disminuir el grado de responsabilidad, siempre que el tribunal que juzgue el caso considere que los controladores son culpables, sería aplicar una o varias atenuantes, lo que permitiría a los jueces rebajar la sanción.
La actuación de la acusación pública en el caso de los controladores fue analizada hace varias semanas en una junta extraordinaria que se convocó en la fiscalía de Palma. Se acordó esta reunión porque desde la fiscalía General del Estado no se apoyaba que se acusara a los controladores de sedición. Desde Madrid se consideraba más adecuada una acusación por un delito de abandono de servicio, que se castiga con penas más leves que la sedición, que se limitan al pago de una multa y a la inhabilitación profesional. Sin embargo, la fiscal encargada del caso defendió en la junta que se debía mantener la acusación por sedición, entre otras cosas porque era la calificación jurídica que iba a fijar el juez de instrucción y, además, la acusación particular también iba a sostener este delito. En la junta de fiscales se acordó que la acusación se plantearía por sedición, pero que alternativamente, para facilitar el trabajo del tribunal, también se iba a proponer la posibilidad de que los hechos cometidos por los controladores podrían encuadrarse en el delito de abandono de servicio.
El hecho de que 84 controladores aéreos vayan a sentarse en el banquillo supone un gran problema, sobre todo teniendo en cuenta que el transporte aéreo es un sector clave en una isla como Mallorca. Pero, además, el problema se agravaría si estos trabajadores especializados son finalmente condenados, puesto que tanto el delito de sedición, como también el de abandono de servicio, conllevan penas de inhabilitación, es decir, estos controladores no podrían ejercer su profesión durante un tiempo determinado.
Otro de los problemas que se plantea es la dificultad que supone un juicio con 84 personas sentadas en el banquillo. Se calcula que la vista se prolongaría durante varias semanas. En la Audiencia de Palma ya hay una cierta experiencia en organizar macrojuicios. Se dispone de una sala especial, con posibilidad de juzgar a muchas personas, en el edificio del EBAP. Será aquí, con toda seguridad, donde se celebraría este juicio. De momento no hay fecha prevista, ya que los acusados tienen decidido recurrir el auto que dictó el juez instructor, en el que llega a la conclusión de que los trabajadores de las torres de control cometieron una sublevación, simulando una falsa enfermedad, y que esta actuación escondía una huelga encubierta e ilegal para presionar al Gobierno.
Cabe recordar que esta situación se produjo en el puente de la Constitución del año 2010. La movilización de estos trabajadores provocó el cierre del espacio aéreo y miles de pasajeros se quedaron en tierra. El Gobierno tuvo que militarizar el servicio.
