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Análisis: Prisión por crear un caos aéreo, por Felipe Armendáriz

El juez Juan Manuel Sobrino, la fiscalía y algunas acusaciones particulares tienen claro que la huelga encubierta de los controladores aéreos que cerró el espacio aéreo español fue un asunto muy grave. Miles de personas de toda España y de otros países europeos se quedaron tirados en tierra por la soberbia de unos trabajadores públicos que se creían por encima de la Ley. La excusa de una inexistente epidemia de estrés y ansiedad para justificar los brazos caídos en las torres de control no ha colado, como no podía ser menos.

Los hechos, en espera de juicio, aparecen claros y toda España los vivió en directo durante el puente de la Constitución de 2010.

La huelga salvaje solo pudo dominarse mediante la militarización del control aéreo, aún así sus consecuencias duraron varios días. Las alternativas que tenía el instructor eran, básicamente, rechazar el alcance penal de los hechos, calificar los paros generalizados como sedición o encuadrar la conducta de las decenas de imputados en un abandono del servicio, un delito menor castigado con una simple multa.

Sobrino se ha inclinado por la sedición y aclara en su auto que los encausados se enfrentan a penas de entre seis meses y tres años de cárcel. Paralizar el tráfico aéreo de un país tiene un precio y el auto dictado ayer lo ha fijado: la cárcel.

El juicio por el caos aéreo del 2010 será antológico y los 84 acusados no cabrán ni en las aulas de la EBAP, donde se ha enjuiciado el caso Nóos. Por otro lado, habrá que buscar suplentes para esos días, si toda la plantilla está en el banquillo.

Los controladores y su potente sindicato, el USCA, echaron un pulso al Gobierno de Zapatero y lo perdieron, pese a la euforia con la que vivieron aquellos días de cerrojazo aéreo.

En otras partes de España se ha dado carpetazo a investigaciones penales similares, pero en las islas si los aeropuertos se cierran no hay más salidas que el mar.

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