"El sector balear del transporte se puede crujir", se señala desde una de las partes afectadas por el expediente sancionador abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, especialmente porque la propuesta de resolución elaborada desde la Dirección de Competencia reclama multas millonarias en su conjunto a los implicados, que pueden alcanzar el 10% de su facturación anual. La lista de infracciones contempladas incluye la creación de un cártel para fijar precios mínimos y repartirse las rutas del transporte escolar, para centros públicos, recomendar tarifas para excursiones y traslados del transporte discrecional (turístico) y acuerdos bilaterales entre empresas para repartirse los citados servicios discrecionales.
La propuesta de resolución firmada el pasado día 22 de septiembre por la subdirectora de Competencia, Isabel López, y remitida a la Sala de Competencia de la Comisión Nacional, a la que ha tenido acceso Diario de Mallorca, es extraordinariamente dura respecto a los comportamientos que se achacan a buena parte del sector balear del transporte por carretera, aunque los implicados han dispuesto de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
¿Qué es un cártel? "Todo acuerdo secreto entre dos o más competidores cuyo objeto sea la fijación de precios, de cuotas de producción o de venta, el reparto de mercados, incluidas las pujas fraudulentas, o la restricción de las importaciones o las exportaciones". Y de eso se acusa a la patronal balear del transporte y decenas de empresas del sector: de haber conspirado para repartirse el mercado isleño y fijar unos precios que incrementaran sus beneficios
¿De dónde nace la investigación? Tras detectar irregularidades en la empresa Autocares Alcas, ésta optó por aportar información sobre prácticas irregulares en el sector, especialmente en el caso del transporte escolar, que permitieron iniciar la inspección sobre la presunta existencia de un cártel. A cambio se la exime de la multa que le podría corresponder.
Tras esa investigación, la Dirección de Competencia afirma tener constancia de la fijación de precios mínimos y el reparto de rutas en materia de transporte escolar que se pactaron entre empresas del sector en las licitaciones públicas que el Govern realizó en 2005 y 2013, con la colaboración de la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT).
La conclusión de Competencia es que 35 empresas, con la colaboración de su patronal, se asignaban las rutas del servicio de transporte de los escolares, acordando cuáles se iban a presentar al concurso y que firma iba a ser la que ofertara la mejor propuesta para ganarlo, con el correspondiente perjuicio para la Administración autonómica, al no producirse realmente una competencia que permitiera conseguir los precios más bajos.
En este sentido, el dictamen recuerda la presión que desde la patronal sectorial de las islas se hizo en 2002, cuando los transportistas reclamaban un aumento de sus tarifas del 10%, cuando desde el Govern unicamente se aceptaba un alza del 3,5%. Ante esta discrepancia, desde la patronal se advirtió por escrito de que ninguna empresa estaría dispuesta a realizar el transporte escolar para el curso 2003/2004 si no se atendía a sus demandas a la hora de mejorar sus retribuciones.
Actuación de la FEBT
En este documento se afirma que la patronal del sector se ocupaba de controlar que el reparto de servicios acordado se cumpliera por parte de todas las empresas del cártel, de forma que éstas sabían las propuestas que iban a presentar las demás para ajustarse al acuerdo alcanzado. Es decir, todas sabían cuál iba a ser la ganadora en cada convocatoria y la federación se preocupaba de que nadie se saltara los acuerdos.
Las acusaciones de la Dirección de Competencia contra la federación isleña de transportistas no se quedan ahí, y la apuntan como la responsable de acordar desde 1977 y hasta 2011 unas tarifas de referencia con la Asociación de Agencias de Viajes de Balears (Aviba) para el transporte discrecional de Mallorca, lo que se considera como una recomendación de precios, una práctica prohibida.
En la propuesta de resolución se afirma que "el detallado contenido y el alcance de las tarifas de referencia permite concluir que la conducta de la FEBT no se ceñía a comunicar una determinada información, sino que contenía pautas de homogeneización de comportamiento dirigido a sus asociadas, en relación con las tarifas aplicables al transporte discrecional de viajeros en la isla de Mallorca, por zonas, temporada turística y tipo de excursión, razón por lo que se subsume como recomendación colectiva". Es decir, las empresas no competían entre sí para ofertar los mejores precios a sus clientes porque éstos venían ya convenientemente orientados desde la patronal, lo que supone un claro perjuicio para los consumidores, según se destaca.
Hay una tercera infracción detectada: el acuerdo entre los grandes transportistas de Mallorca para repartirse el transporte discrecional (turístico) según el cliente o la zona, a través de pactos bilaterales.
Estos pactos llegaban al punto de alcanzar "exclusivas" a la hora de atender a un determinado cliente en una zona concreta, sin que el objetivo fuera buscar la colaboración de otra empresa para atender una necesidad puntual por exceso de trabajo. Es decir, lo que estaban haciendo era repartirse el mercado de Mallorca entre empresas que debían de ser competidoras directas, prácticas que ya han sido sancionadas por la Comisión Nacional de los mercados y la competencia.
¿Que alcance tienen estas presuntas irregularidades? Masivo dentro del sector, a la vista del número de empresas (37 en total), de la presencia de las más importantes y de la participación de su patronal. La propuesta de sanciones que se hace se califica en conjunto de "millonaria", por cuando se detectan infracciones de carácter grave que pueden ser multadas con hasta un 10% de la facturación anual de cada empresa. Como referencia, basta señalar que se estima que en 2014 el servicio de discrecional facturó 100 millones de euros en Mallorca, 20 millones en Eivissa y seis millones en Menorca, mientras que en el caso del escolar se apunta algo más de nueve millones en el conjunto de las islas.
