21 de octubre de 2016
21.10.2016

El juez envía a Nadal a juicio por el desvío de fondos a UM y Minser

El instructor archiva la imputación contra Munar y juzgará a los dueños de la empresa contratista

21.10.2016 | 01:56

­El Juzgado de Instrucción número 1 de Palma archiva la imputación de la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar así como de otros 14 investigados por el presunto desvío de 60.000 euros públicos a favor de Unió Mallorquina y de Minser, una de las principales contratistas de la formación cuando su dirigente estaba al frente de la institución insular.
Mediante un auto, el juez Juan Manuel Sobrino pone fin a estas pesquisas y, por el contrario, decreta que continúe el proceso penal, como paso previo a su enjuiciamiento, contra el exvicepresidenta del Consell Miquel Nadal, su exvicesecretaria técnica Eugenia Cañellas y los propietarios de Minser, Juan Carlos Escuer y Gabriel Ribas. En concreto, el magistrado les imputa un delito de prevaricación, otro continuado de malversación de caudales públicos y un último de fraude a la Administración.
El instructor subraya en su resolución que existen indicios suficientes para determinar que todos ellos, de común acuerdo y "guiados por el ánimo de obtener beneficios económicos" en beneficio de la extinta UM, idearon un plan para sustraer "importantes cantidades de fondos públicos de los que tenían poder de disposición por razón de sus cargos".

Trabajadores ficticios

Según las investigaciones, Nadal se concertó con los propietarios de Minser para hacerles adjudicatarios de dos encargos por 30.000 euros cada uno a fin de que la empresa contratase a determinadas personas que, o bien desarrollarían sus servicios para UM o bien serían dadas de alta sin realizar labor alguna y cuyo sueldo sería abonado al partido.
De hecho, el juez afirma que existen "numerosas evidencias"de que los dos contratos públicos "eran irreales y en realidad no obedecían a ninguna utilidad pública ni al interés general, principios a los que debe servir y atender la Administración Pública". En realidad, prosigue, ambos expedientes tenían "por única finalidad distraer fondos del Consell, y por ello de carácter público, y desviarlos a los intereses particulares"­ de la formación uemita.

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