Baleares ocupa la tercera posición entre las comunidades con las ratios más elevadas de víctimas de violencia machista: 21,2 por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Canarias (22,5) y Murcia (21,3).

Las denuncias por violencia de género en los juzgados entre abril y junio aumentaron un 13% respecto al mismo periodo de 2015 y también las sentencias condenatorias a maltratadores (el 64,4% de las resoluciones dictadas), según los últimos datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los tribunales recibieron en el segundo trimestre del año 36.319 denuncias por violencia de género (32.023 denuncias entre abril y junio de 2015) y se solicitaron 10.845 órdenes de protección (un 3,74 por ciento más).

Un total de 33.593 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género, un 8,8 por ciento más que en el segundo trimestre de 2015, que fueron 30.869.

La estadística judicial también refleja incrementos en las medidas de suspensión de guarda y custodia del 236% y del régimen de visitas adoptadas por los órganos judiciales del 65 por ciento, como consecuencia de las reformas legales que incluyen a los menores como víctimas de violencia de género.

Por comunidades, es mayor la proporción de víctimas en Canarias (con una ratio de 22,5 por cada 10.000 mujeres), Murcia (con 21,3) y Baleares (con 21,2) y menor en La Rioja y en Castilla y León (con ratios ligeramente superiores a ocho).

Siete de cada diez denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales; las denuncias por intervención directa de la Policía se sitúan en el 16,48 por ciento de los casos, y las presentadas por familiares de víctima un 3,8 por ciento (con un ligero incremento).

Las cifras reflejan un aumento en más de dos puntos de las mujeres que se acogen a la dispensa de la obligación legal de declarar, que son un 14,63 por ciento (4.913 casos) en relación con el total de mujeres víctimas de violencia de género.

En este sentido, son más las extranjeras que deciden no declarar contra su pareja o ex pareja (un 18,3 frente a un 13 por ciento).

Respecto a las órdenes de protección, se solicitaron 10.845 en los diferentes órganos judiciales y fueron adoptadas el 59 por ciento, un tres por ciento más que en el mismo trimestre del año anterior.

En la mitad de los casos (el 52 por ciento) se mantenía la relación entre la pareja en el momento de la solicitud de la orden de protección.

Sólo un 2 por ciento de las mujeres víctimas que solicitaron orden de protección fueron menores de edad.

Además de las órdenes de protección, se adoptaron 15.574 medidas judiciales penales, entre las que destacan la orden de alejamiento, la prohibición de comunicación, la suspensión de la tenencia y uso de armas, la salida del domicilio y la prohibición de volver al lugar en que se cometió la agresión.

Mientras se tramitaban estos casos en el proceso penal, se dictaron 4.190 medidas civiles cautelares, de las que el 30 por ciento fueron en relación con la prestación de alimentos, un 26,4 por ciento sobre la atribución de la vivienda, en un 7,6 % supusieron la suspensión de la guarda y custodia de los hijos y en un 6 por ciento se procedió a la suspensión del régimen de visitas.

Entre abril y junio, se dictaron un total de 12.162 sentencias penales, 7.836 fueron condenatorias (el 64,4), dos puntos más respecto a las condenas acordadas en el mismo trimestre de 2015 (62,4).

El mayor porcentaje de sentencias condenatorias se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer con casi un 80 por ciento, seguido de las Audiencias Provinciales, con un 73,4 por ciento; un 55 por ciento de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal también fueron condenatorias.

Además, los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron durante ese trimestre 2.175 juicios sobre delitos leves o faltas, de los que 996 fueron juicios rápidos; en el 85 por ciento de los casos fueron por vejaciones injustas o injurias.

Los juzgados de lo penal, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, ingresaron 8.232 asuntos y resolvieron un total de 7.820 asuntos, quedando 13.591 asuntos en trámite.

En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, con pena privativa de libertad superior a cinco años, se dictaron 94 sentencias, 69 de las cuales fueron condenatorias, lo que representa un 73,4 por ciento, seis puntos más que en el segundo trimestre del año anterior.

Por su parte, los juzgados de menores enjuiciaron en el segundo trimestre del año a 58 menores de edad por delitos en el ámbito de la violencia contra la mujer y se impusieron medidas en un 96,5 por ciento de los casos.

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha destacado la importancia de que sigan aumentando las condenas a los maltratadores y de las medidas judiciales para proteger a los menores, víctimas de la violencia de género tras los recientes cambios legales.

Carmona ha mostrado su preocupación por la elevada cifra de mujeres víctimas de violencia de género y por el hecho de que un quince por ciento de las mujeres renuncien al proceso contra su agresor.

En este sentido, propone potenciar los recursos sociales y asistenciales a disposición de las maltratadas, para que ninguna mujer sienta desamparo y soledad en el proceso que se abre tras la denuncia.