20 de octubre de 2016
20.10.2016
Parlament

El Govern analiza si es compatible que la abogada Perelló defienda a su marido

Función Pública abre una investigación interna tras el contencioso de la diputada del PP contra el Parlament por quitar el Nivel 33 a su esposo

21.10.2016 | 01:56
La diputada del PP y abogada de la Comunidad, Antònia Perelló, el martes en el Parlament.

El dato

  • Una Abogacía descabezada y sin sustituto a la vista

    La Abogacía de la Comunidad es uno de los organismos más importantes del Govern, y ha cobrado mayor protagonismo en los últimos años por diversos asuntos en su seno. El más sonado fue la defensa de la compatibilidad del expresidente Bauzá para tener abierta una farmacia, un contencioso que dirigió precisamente Antònia Perelló. Durante ese mandato la Abogacía también interpuso una querella criminal contra tres periodistas de este diario, por haber informado del caso Rocamar de corrupción en la compraventa del desaparecido hotel en Sóller. Entre los cometidos de la Abogacía no está el de ejercer la acusación contra particulares. Ahora la institución está descabezada desde que se destituyó al director, Lluís Segura, al que se responsabiliza de haber actuado a espaldas del Govern con la petición de archivo del caso Ópera contra Jaume Matas. La exdiputada del PSOE Lourdes Aguiló asume temporalmente la jefatura de la Abogacía, sin que el Govern tenga aún al candidato para relevar a Segura.

El Govern ha abierto diligencias informativas para determinar si la abogada de la Comunidad Antònia Perelló ha incurrido en incompatibilidad al ejercer como abogada de su marido en un contencioso-administrativo. Perelló, que también es diputada autonómica del PP, ha interpuesto una demanda contra el Parlament en nombre de su pareja, Francesc Amengual. Reclama la devolución del polémico Nivel 33 que ha eliminado el actual Pacto.

Amengual trabaja en la Cámara y es uno de los perjudicados por la rebaja de sueldo tras la desaparición del llamado 'plus político'. Fue alto cargo del Consell de Mallorca (director general de Emergencias) con el último gobierno del PP y ahora pleitea al estar disconforme con su nómina de ujier en el Parlament, que se ha quedado en algo más de 2.000 euros sin el polémico complemento salarial al que tenían derecho hasta diciembre de 2015 los funcionarios que han pasado por la primera línea política.

Tras dejar de pagarle el Parlament el plus, el 1 de enero, Francesc Amengual puso un recurso ante la Mesa de la Cámara, que le fue desestimado en abril. Entonces optó por acudir a la vía contenciosa-administrativa. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Balears ha admitido a trámite su demanda y la personación de su esposa como letrada de la defensa. La Sala de lo Contencioso ha requerido al Parlament para que le remita el expediente en cuestión.

A raíz de ello, la conselleria de Presidencia ha solicitado a la dirección general de Función Pública que emita un informe sobre el hecho de que Perelló actúa ante los tribunales en representación de un particular, en este caso su esposo. La normativa estipula que los abogados de la Comunidad no pueden ejercer como letrados particulares, sino solo en defensa de los intereses públicos por su condición de funcionarios.

Perelló tiene dedicación exclusiva en la Abogacía –organismo que dirigió en la pasada legislatura con el Ejecutivo de José Ramón Bauzá–, que compagina con su labor de diputada en la oposición.

Una vez concluyan las diligencias abiertas, el Govern decidirá si se incoa un expediente disciplinario a la abogada de la Comunidad.

Para poder representar a su marido en el contencioso contra el Parlament, Perelló ha tenido que solicitar una habilitación especial al Colegio de Abogados de las Illes Balears. Según algunas fuentes, existe una excepción para los letrados del Govern, como sería la defensa propia, que no podría aplicarse para los cónyuges u otros familiares.

Polémica con Més

Estos días Antònia Perelló también se ha visto envuelta en otra controversia. Més exige al PP que la quite de la comisión asesora sobre la compilación de Derecho civil balear, ya que no ve ético que cobre como experta y a la vez sea la ponente parlamentaria de su grupo. Los populares han respuesto con indignación ante lo que consideran una injerencia.

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