La creación de dos nuevos tributos medioambientales, pretendida por Més y Podemos, queda aparcada. La presidenta del Govern, Francina Armengol, fue ayer contundente ante la pregunta de Jaume Font (El Pi), que pidió claridad al respecto. "No hay previsto ningún nuevo impuesto en 2017", aseguró la socialista.

Para el próximo presupuesto, recordó Font, el Govern "tiene un 10% más para gastar, 320 millones de euros más para gastar, pero nos faltan ingresos". Añadió que "Podemos y Més le piden nuevos impuestos, nosotros pensamos que el problema real es la financiación, nos parece muy injusto que se suban los impuestos a las clases medias, lo que hay que hacer es un frente común" para reclamar un sistema nuevo, reivindicó.

"En 2016 creamos el impuesto para el turismo sostenible, que funciona bien", respondió Armengol. Prosiguió que en los Acuerdos para el Cambio se han planteado gravámenes para las empresas contaminantes, "la política fiscal es flexible y lo iremos estudiando, pero en 2017 no está previsto ningún impuesto nuevo", volvió a repetir la presidenta.

Por otra parte, ayer se aprobó el techo de gasto que podrá acometer el Govern durante 2017 y que asciende a 3.840 millones de euros. Se trata de una previsión para la elaboración de los presupuestos y que suponen 360 millones más que en 2016. Los tres partidos del Pacto, PSIB, Més y Podemos, escenificaron sus buenas relaciones firmando un documento de apoyo al techo de gasto no financiero y el primer paso para una aprobación plácida de los presupuestos.

El Govern accedió a las peticiones de los podemitas, entre las que se encontraban el incremento del presupuesto en Educación para reducir ratios de alumnos por aula y eliminar los barracones de los colegios, una comisión de seguimiento de la ejecución presupuestaria, otra comisión para vigilar la puesta en funcionamiento de la Facultad de Medicina y una partida económica finalista destinada a ayudar a las personas que no puede hacer frente al pago de los medicamentos.

Durante el debate, la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, argumentó la subida 360 millones en el gasto de 2017 en base a las previsiones de crecimiento económico para Balears, cifrado en el 4% del PIB: "Estamos por encima del resto de comunidades en crecimiento, ha subido la recaudación impositiva, y el convenio de carreteras con Madrid debe aportarnos 120 millones".

Cladera criticó con dureza al ministro Montoro por no dar la información a la comunidades autónomas hasta hace 10 días y ello bloqueaba poder acometer una previsión presupuestaria. Acto seguido, la titular de Hacienda defendió una cuestas públicas con un reparto más justo: "Tenemos la obligación de elaborar el mejor presupuesto posible para la ciudadanía, que tiene el derecho de tener el máximo beneficio de la mejora de la situación económica que estamos viviendo".

Catalina Cladera recordó que este año la deuda solo se ha incrementado en una décima y somos una de las comunidades autónomas con un Ejercicio contable "más saneado". No obstante, admitió que la deuda de Balears, que supera los 8.000 millones, sigue siendo elevada y supone el 3,9% del PIB. El techo de gasto se aprobó con los votos a favor de los tres partidos del pacto, el Pi se abstuvo y PP y Ciudadanos votaron en contra.

Font pide denunciar a Madrid

El portavoz de El Pi, Jaume Font, pidió al Govern que sea valiente y lleve al Gobierno central ante los tribunales por sus incumplimientos en el convenio de carreteras, en las inversiones estatutarias y en la falta de financiación. Font reclamó una rebaja de impuestos a las clases más bajas, especialmente en lo que se refiere a patrimonio y a IRPF.

Por su parte, Antoni Camps (PP) calificó la propuesta del Govern de "irreal por basarse en unos ingresos de 120 millones del convenio de carreteras que no sabemos si van a llegar". En este mismo sentido se pronunció el portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, quien apuntó que los presupuestos están asentados "sobre un campo de minas". PSIB, Podemos y Més felicitaron al Govern.