La Abogacía del Govern ha rectificado en el último momento y ha pasado de pedir el archivo del caso Ópera por no ver indicios delictivos a reclamar un año y tres meses de cárcel para el expresident del Govern Jaume Matas por los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El juez Castro abrió ayer juicio oral contra el también exministro de Medio Ambiente en un Gobierno de José María Aznar y permitió a la Abogacía del Govern compartir acusación con la fiscalía anticorrupción.
El giro de la acusación particular en los casos Palma Arena y Ópera ha causado sorpresa en medios jurídicos. El pasado viernes se conoció que el fiscal Pedro Horrach se postulaba a favor de que Matas fuera juzgado por su maniobra electoralista de contratación del arquitecto valenciano Santiago Calatrava, en 2006. Desde el Govern se indicó que se instaría a sus servicios jurídicos a rectificar y hallar la manera de formular acusación contra el expresident del PP insular.
La postura de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de no acusar a Matas en la pieza separada 3 (Ópera), cuyo archivo también se reclamó, y de apartarse de la acusación en la pieza 24 (el palacete y otros incrementos patrimoniales sospechosos del exdirigente conservador), causó indignación y malestar entre los socios del Govern.
El Ejecutivo proclamó que su objetivo en todas las causas de corrupción es castigar a los culpables y recuperar los fondos públicos desviados. También señaló que sus servicios jurídicos no le habían informado de manera concreta sobre la estrategia procesal en esas dos causas, dos de las conocidas del Palma Arena. La tensión ocasionada por estos hechos motivo la destitución de Luis Segura como jefe de la Abogacía de la Comunidad Autónoma.
Govern del PP
En marzo del año pasado, cuando el Govern estaba dirigido por el PP, la Abogacía de la Comunidad Autónoma se manifestó ante el juez Castro a favor de dar carpetazo a la pieza de la Ópera al no ver indicios delictivos en Matas, que para entonces era el único de los imputados que seguía en dicha condición. La fiscalía anticorrupción no se pronunció sobre si los hechos tenían que llevarse a juicio hasta el pasado viernes, pese a que Castro dictó el auto de fin de instrucción de Ópera el 16 de marzo de 2015.
El 19 de septiembre pasado la acusación particular en nombre del Govern insistió en que la causa debía ser sobreseída y que Matas no era culpable de nada, lo que justificó con su escrito de marzo del 2015.
Veinticinco días después, el Govern cambió de criterio y remitió un nuevo escrito al instructor en el que esta vez se adhería a las tesis del fiscal Horrach y pedía la condena de Matas por dos delitos.
En el auto dictado ayer el magistrado reseña todas estas vicisitudes, pero no hace comentario alguno respecto al cambio de opinión de la acusación particular.
Castro sí que permite que el Govern acuse al expresident por un doble motivo: la acusación particular nunca renunció a las acciones civiles por estos hechos y la adhesión no supone una indefensión para Matas, dado que no se le imputan nuevos delitos o hechos diferentes a los que le atribuye el ministerio fiscal.
Rebaja de la fianza
Por otro lado, el magistrado ha decidido rebajar de 1,6 millones de euros a 160.000 euros la fianza que Matas deberá depositar para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias del caso Ópera.
Inicialmente al expresident se le acusaba también de un delito de malversación por haber desviado los 1,2 millones de euros públicos que le costó al Govern el proyecto, las maquetas y la presentación de la idea de la Ópera.
La fiscalía anticorrupción ya no atribuye en su escrito de calificación ese delito a Matas y solo le imputa sendos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
Por esa razón, Horrach ha reclamado que Matas devuelva 120.000 euros. El juez acordó ayer una fianza de 160.000 euros para Matas y dejó sin efecto la de 1,6 millones establecida en marzo del 2011.
Matas contrató verbalmente a Calatrava en 2006 para que diseñara y dirigiera las obras de una Ópera que se iba a situar en aguas del Moll Vell de Palma, que no eran (ni son) propiedad del Govern. Según Horrach, el acusado impulsó ese proyecto como un reclamo electoral en los comicios autonómicos del 2007, donde se presentó para repetir como president del Govern. La junta electoral no dejó al entonces president presentar a bombo y platillo la Ópera en plena campaña electoral, un acto frustrado que costó al Govern varias decenas de miles de euros.
