El juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha abierto juicio oral al expresidente del Govern balear Jaume Matas por prevaricación y tráfico de influencias en el caso Ópera, después de que la Fiscalía haya formulado acusación contra él y la Abogacía de la comunidad se haya adherido a ella.

En un auto dictado hoy, Castro ha abierto juicio oral contra Matas como único acusado por la pieza número 3 del llamado caso Palma Arena, por la contratación de un anteproyecto para construir una infraestructura de artes escénicas.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach presentó el pasado viernes su escrito de acusación en esta causa, pidiendo 1 año y 3 meses de prisión para Matas por contratar de forma arbitraria en abril de 2007 al arquitecto Santiago Calatrava un anteproyecto para construir un palacio de la ópera en la bahía de Palma que no se llevó a cabo.

Lo acusa de tráfico de influencias y prevaricación y, además de la pena de prisión, pide para él una multa de 120.000 euros por el primer delito y a 10 años de inhabilitación para cargo público por el segundo, y que pague 120.000 euros de responsabilidad civil a la comunidad autónoma de Baleares.

La Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares pidió a finales de septiembre el archivo provisional de esta pieza. El Govern instó sin embargo a la Abogacía a estudiar volver a personarse como acusación contra el expresidente y el viernes pasado los letrados presentaron un escrito adhiriéndose a la acusación de Fiscalía.

Castro admite la adhesión de los letrados de la comunidad por entender que no añade nueva calificación delictiva ni pena más gravosa contra Matas, por lo que no implica indefensión alguna.

Además ha detallado en el auto que la Abogacía de la comunidad autónoma nunca ha renunciado a ejercer acciones civiles en esta pieza.

El desestimiento de la Abogacía de acusar a Matas en el caso Ópera y en el referido a la adquisición del llamado "palacete" del expresidente generó una polémica política que derivó en la destitución del director general del departamento jurídico de la administración autonómica, Lluís Segura.

El Govern balear instó la semana pasada a la Abogacía a estudiar volver a personarse como acusación contra el expresidente en el caso de la ópera.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach presentó el pasado viernes su escrito de acusación en esta causa, pidiendo 1 año y 3 meses de prisión para Matas por contratar de forma arbitraria en abril de 2007 al arquitecto Santiago Calatrava un anteproyecto para construir un palacio de la ópera en la bahía de Palma que no se llevó a cabo.

Lo acusa de tráfico de influencias y prevaricación y, además de la pena de prisión, pide para él una multa de 120.000 euros por el primer delito y a 10 años de inhabilitación para cargo público por el segundo, y que pague 120.000 euros de responsabilidad civil a la comunidad autónoma de Baleares.

Según el fiscal, Matas decidió a principios de 2007 "de forma unilateral" que durante la siguiente campaña electoral para las elecciones autonómicas previstas en mayo presentaría un gran proyecto de obra para Palma, con el objetivo de "favorecer sus intereses propios como candidato a la presidencia del Govern".

Matas era consciente de "la imposibilidad material y económica del proyecto", del que no existe ningún estudio económico, de viabilidad ni de ubicación y para llevarlo a la práctica contactó con Calatrava y alcanzó con él "un acuerdo verbal" para que presentara un anteproyecto, un vídeo y dos maquetas de un edificio destinado a ópera y artes escénicas, por 1,2 millones de euros.

Posteriormente emprendió actuaciones para otorgar apariencia de legalidad a la decisión, así como para ocultar su participación en la misma y simular la existencia de "interés exclusivamente público" en la contratación de Calatrava.

El fiscal Anticorrupción destaca en su escrito de acusación que no hay "un solo documento, informe, estudio o análisis respecto a dicho proyecto que pruebe que se tuviera en cuenta mínimamente su viabilidad y su financiación".

La presentación del proyecto fue suspendido por la Junta Electoral ante una denuncia del Partido Socialista.