17 de octubre de 2016
17.10.2016
Desahucio

Sin casa por culpa de Servicios Sociales

El IMAS dejó de abonar una renta a Tsvetelina y Miroslav, y la consecuencia ha sido un desahucio. La Justicia dice que no debieron perderla, pero llega tarde: el miércoles deben salir de su piso y sólo les queda acudir a un centro de acogida

18.10.2016 | 01:34

"La última vez ya fui al Ibavi llorando. Sólo me hablaron de papeles, y ya no puedo más de papeles". Así concluye su relato Tsvetelina Aleksieva. Lleva dos años buscando una respuesta de la administración para evitar un desenlace ahora inminente: el desahucio de su marido, sus dos hijos y ella, del piso donde viven. Un punto al que habrán llegado después de haberse encontrado con la puerta del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y tras haberla dejado el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) sin el principal ingreso que sustentaba a su familia. Un trámite, este último, que los tribunales han declarado "nulo de pleno derecho".

Tsvetelina, natural de Bulgaria, lleva ocho años viviendo en Mallorca con su marido, Miroslav Nilolov, y sus dos hijos menores, de 17 y 12 años. Miroslav sufre una diabetes avanzada y recibe tratamiento por úlceras. Tiene una discapacidad del 40 por ciento que le impide trabajar. Sin embargo, al no llegar al 65 por ciento, no lo corresponde ninguna prestación. Por ello, Tsvetelina ha tenido que conseguir sola los ingresos de su familia. Hasta hace dos años siempre había estado trabajando, en tareas de limpieza o de dependienta. Pero en 2014 se quedó sin trabajo y sin derecho a prestación. En aquel momento, la asistenta social de Lloseta, municipio en el que vive, le ayudó a conseguir una Renta Mínima de Inserción (RMI) para la familia. En total cobraba 685 euros, 400 de los cuales se iban con el alquiler.

Este tipo de prestación está condicionada a un seguimiento de inserción laboral del perceptor, en este caso su marido. Miroslav tuvo que empezar con clases de castellano, a las que acudió hasta que su afección le impidió seguir yendo en mayo de 2015. Antes de que la pareja pudiera justificarlo con un informe médico, el IMAS les dejó sin prestación, hecho que, tras recibir asesoramiento jurídico, llevaron ante la justicia.

Ahora, el juzgado de lo contencioso-administrativo da la razón a la familia búlgara, declara nula la decisión del IMAS por haber "prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido" y obliga a la administración a abonar los 8.160 euros que la pareja dejó de ingresar.

Sin embargo, ya es tarde. Durante todo este tiempo Tsvetelina y Miroslav no han podido pagar los 400 euros de alquiler mensual y tras meses acumulando mensualidades, su desahucio ya está en marcha. El próximo miércoles deberán abandonar su casa. Sin ningún familiar en la isla y sin ningún techo como alternativa.

Por ello, el principal deseo de Tsvetelina es que se les facilite un alquiler social que pueda afrontar con lo que gana con el trabajo por horas. Desde que quedó en paro está en lista de espera del Ibavi y ahora que va a ser desahuciada, lamenta, no valoran de urgencia su caso, por lo que, una vez sin techo, le tocará seguir esperando.

¿Adónde ir ahora?
"¿Dónde voy a ir?", se pregunta Tsvetelina. "Nos queda una semana", recuerda una y otra vez desesperada el desahucio, a la vez que insiste en señalar que "si nos hubieran seguido pagando la renta mínima de inserción no estaría así: habría seguido pagando el alquiler. Iba al día. Nos la quitaron sin poder, nos han dado la razón", relata, para apuntar enseguida que "nos desahuciarán por culpa de Servicios Sociales, y ahora nadie nos da una solución".

Cuenta cómo en los últimos meses no ha dejado de acudir al Ibavi, acompañada de la plataforma Dignitat y Solidaritat, y sólo la remiten a los nuevos protocolos. Lo explica Miquel Coll, coordinador de esta entidad, que denuncia que "ahora la administración nos dice que no diferencia los casos de urgencia". "El Govern tiene que dar una respuesta, hace falta mucha empatía con la gente", valora Coll, quien ha acompañado a Tsvetelina para toda la burocracia. "La última vez ya fui a la oficina del Ibavi llorando. Sólo me hablaron de papeles, y ya no puedo más de papeles. No sé cuánto tiempo llevo ya así", repite ella desolada.

Mientras Servicios Sociales abona la cantidad a la que le obliga la justicia, también un juez ya ha ordenado el desahucio de la familia para el próximo miércoles 19. A partir de ahí todo son incógnitas.

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