La consellera de Salud, Patricia Gómez, confirmó ayer que en julio de 2015, cuando accedieron al Govern, se encontraron "en los cajones" del Ib-Salut 22.500 facturas por valor de 250 millones de euros de la compra de medicamentos y suministros hospitalarios que fueron contratados sin concurso público durante la pasada legislatura del PP . Ahora deben proceder a realizar el trámite administrativo del "reconocimiento extrajudicial de deuda". Un proceso del todo rechazado por el Consell Consultiu y la Sindicatura de Cuentas.
El Consell de Govern aprobó ayer el pago de 42 millones de esta deuda. La consellera explicó que es habitual en Salud funcionar con este procedimiento, ya que necesitan rapidez a la hora de contratar determinados fármacos y un concurso público es lento. "De todas formas -indicó la titular de Salud- estamos intentando combatir esta práctica mediante la central de compras y los convenios marco con empresas suministradoras que nos permitan evitar la acumulación de facturas sin concurso público. Mediante este pago de hoy -por ayer- y otros que ya hemos realizado hemos conseguido reducir esta deuda de 250 millones en 80". De todas formas, admitió que este tipo de contrataciones sin concurso público "no son de todos legales", pese a justificarse que se necesiten los medicamentos por la vía de urgencia. Desde el Govern indicaron que es un problema que tienen todas las comunidades autónomas a la hora de suministrarse de productos farmacéuticos y material sanitario.
Patricia Gómez reconoció que todavía se está utilizando este procedimiento, que incluso anteriormente se usaba para concertar con la sanidad privada. Pese a ello, indicó que con el sistema de compra centralizada de los hospitales públicos isleños, solo con dos concursos, han conseguido ahorrar dos millones de euros.
Este año el Ib-Salut tiene previsto cerrar el ejercicio presupuestario con un déficit de 116 millones de euros, explicó la consellera, quien matizó que el sistema de reconocimiento de deuda que permite mantener los suministros de productos básicos para el funcionamiento de la sanidad pública tiene suficientes controles.
Por otra parte, ayer también se acordó el pago de 4,8 millones a la empresa de las ambulancias y que corresponden a la prórroga del contrato con dicha concesionaria SSG realizado a raíz de los recursos contra un nuevo concurso público.
