El fiscal Pedro Horrach concluye que el expresident del Govern, Jaume Matas, cometió un doble delito al impulsar el frustrado proyecto del edificio de la ópera que iba a diseñar el arquitecto Santiago Calatrava, que por unos diseños preliminares, un vídeo ilustrativo y dos maquetas cobró la cantidad de 1.200.000 euros. La acusación imputa a Jaume Matas los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, y solicita que cumpla una condena de un año y tres meses de prisión, más otros diez años de inhabilitación, además del pago de una multa de 120.000 euros. El juez Castro, posiblemente la próxima semana, abrirá juicio oral contra el expresident, que tendrá que volver a sentarse en el banquillo de los acusados.

Horrach hace un detallado relato de cómo se gestó este proyecto que, según el fiscal, Matas impulsó cuando sabía que era una obra que no podría llevarse a cabo, pues se planeaba en unos terrenos que no pertenecían a la comunidad, no existía un estudio económico y tampoco se había realizado ningún presupuesto de lo que iba a costar la construcción de un emblemático edificio dedicado a las artes escénicas en la bahía de Palma. A juicio de la acusación, lo que realmente buscaba Jaume Matas era lograr un efecto electoral, pues iba a ser su proyecto estrella de cara a las elecciones del año 2007, como cabeza de cartel del PP.

Matas y el arquitecto Calatrava se reunieron en un hotel de Roma y el entonces president le manifestó su deseo de contar con un edificio emblemático. Para llevar a cabo este proyecto, el president implicó a la empresa pública Ibisec, que se creó para la gestión de nuevas infraestructuras educativas y culturales. Esta empresa estaba integrada en la conselleria de Educación y la presidía el conseller Francesc Fiol.

La fiscalía Anticorrupción tiene muy claro que este proyecto era inviable. Al margen de que no existiera un estudio económico previo, tampoco se había elaborado un presupuesto de la obra, ni se había determinado cómo iba a financiarse. Pero además, tampoco se había comprobado la normativa urbanística que se podía aplicar en aquel momento en la bahía de Palma donde se iba a ubicar el edificio. Todas estas condiciones no fueron nunca un impedimento para frenar los deseos de Jaume Matas, que aunque se trataba de una decisión personal, decidió implicar a su Govern para que sus sueños se cumplieran. El president tuvo que recurrir al entonces conseller Francesc Fiol para que se encargara de la tramitación de la contratación del famoso arquitecto, con el correspondiente expediente administrativo. El conseller de Cultura, como primer paso, fue quien presentó el proyecto ante el Consell de Govern. Todos los consellers sabían que era una decisión personal de Matas, no de Fiol, pero ninguno se opuso.

El Consell de Govern acordó aprobar un presupuesto de cinco millones de euros para la empresa Ibisec y se le encargó un anteproyecto para una "potencial ordenación de la bahía de Palma, urbanización del muelle viejo y la construcción de un edificio destinado a las artes escénicas". Pero a Jaume Matas no le servía cualquier proyecto. Quería que el edificio tuviera la firma de Santiago Calatrava y para ello, en el encargo, se señaló que la futura obra se debía realizar siguiendo las más modernas técnicas y tendencias constructivas, que debía trascender "las fronteras entre la arquitectura e ingeniería".

La orden de Matas, a través de Fiol, puso en marcha toda la maquinaria administrativa para justificar la contratación del arquitecto. Y en esta tramitación se solicitaron los correspondientes informes técnicos y jurídicos que avalarían la decisión que había adoptado personalmente el entonces president del Govern.

El fiscal destaca en su escrito que la empresa Ibisec no pasaba en ese momento por una buena situación económica, como demuestra que había solicitado una ampliación de su presupuesto, antes de que se le responsabilizara de la contratación de Calatrava. Además, era una empresa pública que jamás se había implicado en tema de construcción de un edificio tan significativo como era una ópera.

Horrach tiene muy claro que si Matas ordenó que la contratación se hiciera a través de Ibisec no fue casual. Era una empresa pública donde no existían controles previos de fiscalización y así se conseguía la apariencia de que esta decisión respondía a un interés público, cuando no era cierto. Ante la dificultad de tramitar una contratación directa, sin previo concurso, fue necesario buscar la fórmula administrativa que justificara esta decisión. Y para ello fue necesario la utilización, según destaca el fiscal, de los funcionarios de la comunidad. Una arquitecta llegó a sentirse presionada para que firmara dicho informe, en el que señaló que el único capaz de realizar este proyecto era Santiago Calatrava, lo que justificaba su directa contratación.

El fiscal denuncia también, analizando las fechas, que el arquitecto estuvo trabajando en el proyecto con anterioridad a que se aprobara su contratación. De lo contrario no tendría sentido que en solo cinco días elaborara un proyecto de tal dimensión.

Los sueños megalómanos de Jaume Matas se frustraron cuando la Junta Electoral, tras recibir una denuncia del PSOE, prohibió al president que celebrara el acto público en el que iba a anunciar la contratación de Calatrava y la construcción de este emblemático edificio.