11 de octubre de 2016
11.10.2016
Morosidad

El 53% de los pisos oficiales que el Govern tiene en alquiler no pagan y acumulan 3,7 millones de deuda

El conseller de Territorio, Marc Pons, pone en marcha un plan para adecuar el precio de las viviendas a los ingresos de los inquilinos y desahuciarlos si pese a todo no pagan

11.10.2016 | 00:58
El 53% de los pisos oficiales que el Govern tiene en alquiler no pagan y acumulan 3,7 millones de deuda

Las claves

  1. Morosidad: 828 pisos de los 1.805 que el Govern alquila no pagan la mensualidad
    La morosidad de los alquileres en pisos públicos se disparó a partir de 2012. A día de hoy, el 53% de las viviendas que el IBAVI tiene para arrendar no pagan el alquiler. Ello supone la existencia de un total de 828 viviendas morosas de las 1.805 que conforman la bolsa de alquiler.
     
  2. Nueva medida: Adecuar el precio del alquiler a la renta de las familias
    El Govern prevé adecuar el precio del alquiler a las rentas de las familias, abonando un máximo del 30% de sus ingresos y un mínimo del 5%. Con esta medida se sabrán los inquilinos que realmente tienen intención de pagar y los que no. En este último caso, se procederá a ejecutar el desahucio.
     
  3. Servicios Sociales: Informes vinculantes para conocer la situación real de las familias
    El conseller Marc Pons indicó que los informes de los Servicios Sociales serán fundamentales para conocer las verdaderas rentas de las familias morosas y detectar los que no pueden pagar. En el caso que sean familias sin recursos no se procederá a recuperar la vivienda.

El Govern ha detectado un alto índice de morosidad en las viviendas de protección oficial que tienen en alquiler. Un total de 826 pisos de los 1.805 que el Govern, a través del Institut Balear de la Vivienda (IBAVI), tiene arrendados no abonan la mensualidad. Algunas de ellos, según explicó el conseller de Territorio Marc Pons, llevan entre 4 y 6 años sin pagar a la administración, lo que supone un 53% de viviendas morosas. Los impagos han acumulado una deuda a las arcas públicas de 3,7 millones de euros.

Marc Pons anunció un cambio de criterio para intentar hacer frente a la elevada morosidad. La principal novedad será adecuar los precios de los alquileres a los ingresos de las familias que no pagan, con un máximo del 30% de sus sueldos y un mínimo del 5%. Con esta medida, el Govern descubrirá las personas que tienen voluntad de pagar y las que no. "Si a pesar de adecuar el precio a sus ingresos siguen sin pagar, querrá decir que no tienen voluntad de hacerlo. Entonces será el momento de iniciar el proceso de recuperar la vivienda".

El conseller de Territorio también indicó que todo este proceso de adecuación y verificación de los ingresos de las familias se realizará mediante informes de los Servicios Sociales municipales. Estos informes constatarán si en realidad la familia no tiene ingresos o, por el contrario, sus intenciones son no abonar la mensualidad.

El Govern cuenta con una lista de espera de unas 2.500 familias que ansian un piso para alquilar. "Es un agravio para estas personas que están esperando un piso que tengamos gente que puede pagar y no lo haga", recordó Pons.

Incremento a partir de 2012

La avalancha de morosidad tiene una fecha de inicio. En 2012 el Govern del PP "paralizó todos los procedimientos de desahucio a los que no pagaban y poco a poco se corrió la voz y el número de impagados creció de forma muy importante", indicó Pons. En aquellos años, según el Pacto, eran los momentos de máxima virulencia de la crisis y, ante la presión de las entidades sociales, el Govern Bauzá decidió no practicar desahucios en las viviendas de protección oficial.

Los datos son elocuentes y se han encontrado viviendas que llevan entre 4 y 6 años sin abonar un euro de alquiler al IBAVI. En total son 3,7 millones de euros que los morosos deben a las arcas públicas, una cifra muy importante y que permitiría poder poner en marcha iniciativas de calado en materia de vivienda. En total son 12.641 recibos que no han sido cobrados.

Entre 1995 y el 2000 el IBAVI desahució a los inquilinos de 208 viviendas; entre el 2000 y el 2002 fueron 105 los pisos desalojados por impago; entre 2002 y 2007 llegaron a los 200; entre 2007 y 2011 se alcanzó la cifra de 252 y desde 2012 solo se han recuperado 50 viviendas por falta de pago.

"Hemos detectado el problema –señaló el conseller Pons–, ahora toca poner en marcha las soluciones. Creemos que con esta medida de supeditar el precio a los ingresos de las familias, previo informe de los servicios sociales, podremos romper la tónica de la morosidad al detectar perfectamente los que pueden pagar y no lo hacen de los que realmente no pueden abonar el alquiler".

Otro de los aspectos que se cambiarán será la forma de adjudicar las viviendas. Según el conseller Pons, "hasta ahora los criterios no eran demasiado transparentes y queremos supeditar la vulnerabilidad de las familias al acceso a la vivienda, además de las prioridades habituales como son las de tener hijos menores o ser víctima de violencia de género, entre otros". Todo ello avalado por los "informes de los servicios sociales y utilizando criterios objetivos y totalmente transparentes", recalcó Marc Pons.

Prostíbulos en pisos públicos

El Govern también ha detectado que en algunos pisos de protección oficial se han llegado a instalar prostíbulos. Asimismo, en otros casos han sido utilizados para la venta de droga, entre otras actividades ilegales. El conseller de Territorio relató las dificultades de tratar con estos inquilinos morosos: "Los funcionarios reciben amenazas e insultos cuando van a estas viviendas a reclamar el pago del alquiler. Es una situación muy difícil, ya que estamos hablando de perfiles de gente conflictiva. Por este motivo, estas viviendas deben recuperarse y cederlas a las familias que están en lista de espera". También se han encontrado con recibos de la luz sin pagar de varios años en un 20% de las viviendas de morosos que el Govern, al ser el propietario, ha tenido que abonar.

El conseller Marc Pons se mostró partidario de estudiar caso por caso e indicó que estas propuestas han sido puestas en conocimiento de los grupos parlamentarios y de las entidades sociales.

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