El Govern balear se ha personado como acusación particular en la causa penal contra dos gestores de un centro de acogida a mujeres maltratadas a los que se les acusa de desviar fondos públicos y de vejaciones o maltratos psicológicos a las acogidas. El Ejecutivo reclama a los encausados la devolución de 99.000 euros que les fueron otorgados para poner en marcha el hogar, proyecto bautizado como "El Hilo de Ariadna".
Los hechos se remontan a 2009 y 20010, cuando la Federación Balear de Gays y Lesbianas (Fegaib) gestionó un piso de acogida en la calle Joan Massanet i Moragues, de Palma. La entidad recibió dos subvenciones de la conselleria de Asuntos Sociales: una de 66.000 euros, por el año 2009, y otra, por el primer trimestre de 2010, de 33.000 euros. Estaba previsto aportar otros 99.000 euros a la federación, pero las subvención se cortó tras recibirse quejas de las usuarias por malos tratos psicológicos y verbales y deficientes condiciones de atención.
Cuatro mujeres, que habitaban en aquella casa junto a sus hijos de corta edad, denunciaron los hechos ante la Policía. El juzgado de instrucción 1 abrió una causa penal y, a finales de noviembre de 2010, la Policía arrestó al encargado del piso de acogida, sospechoso de acosar a las internas con constantes amenazas y vejaciones.
Las pesquisas tuvieron su origen en las denuncias que presentaron cuatro mujeres que residían en la vivienda, quienes aseguraron que no les daban comida suficiente y que los recursos eran muy escasos. Dado que la conselleria de Asuntos Sociales había entregado una subvención de 99.000 euros a la Fegaib para el proyecto, los agentes del grupo de Delincuencia Económica interrogaron a varios testigos con el objetivo de esclarecer si este dinero público se destinó a fines privados, lo que podría constituir un delito de malversación de caudales públicos.
Las mujeres explicaron que sufrían un constante maltrato psicológico por parte del encargado de la vivienda, quien, supuestamente, les profería frases como "sois malas madres, no me extraña que vuestros maridos os pegaran". Además, afirmaron que les daba 50 euros semanales para la manutención de nueve personas, entre las que había tres niños, y que el denunciado llegó a proponer que recogieran enseres de la calle para vender en el rastrillo o que una de las madres vendiera el carrito de su bebé para comprar alimentos.
El juzgado de instrucción 1 tomó declaración hace unos días como testigo a Fina Santiago, consellera de Asuntos Sociales entre 2007 y 2011 y actual consellera de Servicios Sociales y Cooperación. Santiago explicó cómo las acogidas formularon sus primeras quejas ante la conselleria y ellos les animaron a denunciar.
