"Si autorizamos sin más el alquiler turístico en Eivissa, no nos vuelven a dejar entrar en la isla". El vicepresident del Govern es consciente de la inquietud en Eivissa, y lo tiene claro: el arrendamiento turístico es una cuestión de tal impacto social, que cada isla debe decidir lo que quiere para sí. Por eso el borrador de reforma que presentará el Govern incluye una salvedad: se podrá regularizar todo tipo de alquiler vacacional que cumpla los requisitos de calidad y no exceda de ese cupo de 43.000 plazas disponibles en la bolsa turística vigente desde 1999, pero cada isla tendrá herramientas para definir qué modelo de explotación y convivencia turística desea.
Aunque la batalla se librará fuera de Balears. Cierto es que los Consells y los ayuntamientos detentan las competencias sobre territorio y urbanismo, por lo que podrán decidir cómo se usa cada zona, pero no menos cierto es que la prohibición y discriminación del alquiler turístico por pueblos, islas o barrios entra en conflicto con la legislación comunitaria. Y habrá lío: el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Balears, Juan Estarellas, explica que si los gobiernos insulares optan por "zonificar", es decir, prohibir el alquiler turístico en algunas zonas y autorizarlo en otras, llevarán la decisión a los tribunales nacionales y europeos, como ya se ha hecho con la "zonificación" decretada en Canarias.
