Ni las lágrimas de Maria Antònia Munar, ni su profundo estado de tristeza, ni su arrepentimiento público han conmovido al fiscal Juan Carrau. Quiere que la expresidenta del Consell de Mallorca cumpla otros cuatro años más de cárcel por haber aceptado un soborno económico mientras representaba este cargo público. Y para lograr su objetivo, el fiscal Juan Carrau defendió su culpabilidad ante el jurado popular, cuyo veredicto marcará el futuro de la expolítica.
El juicio contra Munar por la segunda parte del caso Can Domenge quedó ayer visto para sentencia. Solo declararon cuatro testigos que confirmaron lo que ya nadie discute, ni siquiera los propios acusados: que los políticos del Consell de Mallorca, todos ellos de UM, exigieron a la empresa Sacresa el pago de cuatro millones de euros en metálico a cambio del proyecto de Can Domenge. Si el pago está más que demostrado, el segundo juicio tampoco ha servido para aclarar quién fue el que exigió dinero a la empresa, ni tampoco quién lo trasladó, en dos entregas distintas, de Barcelona a Palma. Estos detalles de la historia, sin embargo, no impiden que el fiscal impute un delito de cohecho a los cinco acusados, es decir, a Maria Antònia Munar, Miquel Nadal, Bartomeu Vicens, Román Sanahuja y Miquel Llinás, alias Cameta. Todos reconocen los hechos y aceptan la pena del fiscal, salvo Munar, que solo acepta cumplir seis meses de cárcel, frente a los cuatro que reclama Anticorrupción. Carrau sostiene que Munar se quedó la mayor parte de los cuatro millones de euros que entregó Sacresa, es decir, más de dos millones de euros, aunque no se atreve a dar una cifra concreta. En su informe intentó convencer al jurado que la expresidenta del Consell no se ha hecho merecedora de que se le aprecien las atenuantes de confesión por reconocer los hechos, dilaciones indebidas y reparación del daño. Cree que ha confesado una vez que ya se ha descubierto el delito y que los 150.000 euros que ingresó Munar el domingo "no corresponde más que al 7% del dinero que cobró como soborno". Además, insiste el fiscal que Munar nunca ha dicho cuánto dinero cobró, ni donde lo escondió.
En su contundente informe el fiscal también insistió en que no se puede premiar a una acusada que durante siete años ha disfrutado de este dinero y ahora pretende "que le paguemos las vacaciones".
Para rebajar la carga de responsabilidad que debe asumir ahora el jurado, el fiscal reconoció que "es difícil no sentirse emocionado o sensible ante la situación que sufre ahora Munar, porque la cárcel es dura". Sin embargo, recordó que la responsabilidad de ese sufrimiento la debe asumir el "que no cumple la ley, el que se aprovecha de su cargo público para saltarse las normas". Por este motivo, el representante de Anticorrupción pidió a los miembros del jurado que no se sientan "intimidados por el dolor que les puede transmitir una persona que está ahora en prisión, porque estamos hablando de un soborno de cuatro millones de euros que es una cantidad de dinero difícil de asumir para cualquier ciudadano".
No salirse del guión
Los otros abogados, en sus informes, pretendieron convencer al jurado de que no deben salirse del guión que ha marcado el fiscal, en cuanto al nivel de responsabilidad y a las penas que se solicitan, ya que casi todos las aceptan.
El Consell de Mallorca, que ejerce la acusación particular, también coincide con el fiscal en cuanto al nivel de culpa que se atribuye a Munar con respecto a los otros implicados en este escándalo.
La mayoría de los acusados que se juzga en este proceso ya fueron condenados en la primera parte del juicio, donde solo se estableció que el concurso de Can Domenge fue amañado para favorecer los intereses de los políticos de UM. De hecho, Vicens y Nadal fueron de los primeros en confesar que habían cobrado y, de hecho, han devuelto gran parte del dinero. El empresario Roman Sanahuja también confesó, antes y ahora, que pagó el soborno a los políticos y, por ello, el fiscal pide que su responsabilidad se traduzca en el pago de una multa. También se aprecia la colaboración que mostró Miquel Llinás, el vecino de Campos que fue utilizado por Vicens para que fuera a recoger, en dos fechas distintas, el dinero que enviaban los emisarios de Sacresa. Este hombre, antes de que la Policía le citara a declarar, debido a que su nombre ya aparecía en la prensa, se personó en comisaría. Reconoció su intervención en los hechos y devolvió el dinero con el que le habían premiado para que realizara este trabajo. Al igual que el empresario catalán, su responsabilidad se solventará con el pago de una multa.
El jurado quedará hoy incomunicado hasta que alcance un veredicto sobre el segundo juicio del caso Can Domenge.
