La Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Balears ha salido en defensa de la ex directora insular de Comunicación del Consell, Margalida Sotomayor, que en una entrevista en IB3 televisión denunció que en la prisión de Palma se producían episodios de malos tratos y no se respetaban los derechos humanos. Como consecuencia de esta entrevista, el centro penitenciario ha abierto un expediente para analizar las declaraciones de la reclusa, por si las mismas pudieran suponer algún tipo de incumplimiento de las normas internas, dado que Sotomayor nunca había denunciado internamente estos episodios. De hecho, el pasado viernes a la reclusa no se le permitió por la mañana, aunque por la tarde ya si, la salida del centro de inserción donde acude a pernoctar. La excusa fue que antes debía tener una reunión con el director de dicho centro.

Dicha comisión de abogados, en un comunicado, considera que lo más adecuado en este asunto no es "la represión automática", sino que se debe investigar si son ciertas o no las irregularidades que ha denunciado esta mujer. También señalan los letrados que el hecho de que una persona esté privada de libertad no supone que no pueda ejercer otros derechos, entre los que se encuentran el de la libertad de expresión y comunicación "sin ningún tipo de censura previa" y que, por tanto, "no deben verse afectados por ninguna condena privativa de libertad".

Recuerda también el comunicado de este grupo de abogados que las personas privadas de libertad constituyen un colectivo "especialmente vulnerable", por lo que esta comisión, en el ejercicio de sus funciones, "ha trabajado continuamente en el ámbito penitenciario para garantizar el respeto a la dignidad y los derechos de los reclusos".

La comisión cree que la "represión automática de la denunciante" únicamente puede entenderse como "una voluntad de censura para atemorizar a víctimas de vulneraciones de derechos que pretendieran denunciar".

Estas manifestaciones realizadas por Sotomayor podrían suponerle la pérdida del tercer grado y la obligarían a volver de nuevo al centro penitenciario, donde cumple cinco años de privación de libertad.