Nunca jamás se había visto a Maria Antònia Munar tan abatida y rendida como se la vio ayer en la segunda parte del juicio del caso Can Domenge. Motivo para ello tenía. Tuvo que confesar que, como presidenta del Consell de Mallorca y, por tanto, como una de las máximas representantes de la isla, había cobrado un soborno económico a cambio de una decisión política que consistió en vender, muy por debajo de su precio, el solar público de Can Domenge. Pero a estas alturas del proceso al fiscal Anticorrupción Juan Carrau no le basta que Munar confiese, muestre su arrepentimiento y que incluso haya entregado 150.000 euros. Quiere que cumpla la pena de cuatro años de cárcel por el delito de cohecho que le imputa y que esta condena se sume a las dos sentencias condenatorias, que representan once años, que ya cumple en prisión. Las maniobras de defensa que tenía su abogado, ante la confesión de los otros cuatro acusados, era muy limitadas. Aunque en el primer juicio Munar negó que hubiera recibido su parte de los cuatro millones de euros que pagó la constructora Sacresa a cambio de llevarse el concurso, ayer no tuvo más remedio que cambiar de versión. Confesó los hechos, es decir, el soborno, pero discute la pena. Y lo hace buscando la clemencia del jurado popular para que acepte las tres atenuantes que la acusación le niega.
A Munar le costó ayer articular sus frases, pero se le entendió perfectamente cuando quiso dejar claro que era cierto que había cobrado el soborno, que se sentía muy arrepentida por el daño causado y sobre todo por el dolor ocasionado a su familia, que la ha tenido que ayudar para que pudiera aportar este dinero. "No tengo nada, todos mis bienes están embargados, he entregado hasta la herencia de mi padre", lamentó en su declaración. "Si no he confesado antes es porque no he podido. Pensaba que podría llegar a un acuerdo definitivo con el fiscal, como han hecho otros políticos, pero me han dicho que no".
Aunque confesó, tampoco aportó muchos detalles de cómo se planificó la operación, es decir, de qué forma se pidió el dinero, a quién se le exigió y qué cantidad se reclamó, Y mucho menos, de qué forma se repartió el dinero y cuánto se quedó ella. El fiscal no se atreve a dar una cifra de la parte del dinero que le correspondió a Munar, pero se calcula que fueron alrededor de 400.000 euros. Lo que ayer quedó claro es que Roman Sanahúja, el dueño de Sacresa, ordenó que se pagaran cuatro millones de euros en dos entregas. Una parte del dinero se destinó al partido. El resto se lo repartieron Munar, Miquel Nadal y Bartomeu Vicens. Se pagó una parte al intermediario y la otra se quedó por el camino, sin que se sepa a dónde fue a parar.
El fiscal Carrau intentó sin éxito, porque lo evitó el abogado Choclán, que ya que Munar había confesado por primera vez este cobro económico, era el momento de desvelar si había recibido otros sobornos de otras operaciones inmobiliarias y si podía desvelar los nombres de otros compañeros de partido que también cobraron comisiones. La acusada ya no contestó a nada más.
Su abogado, lógicamente, pretendió con sus preguntas que el jurado se convenciera del arrepentimiento que sufre ahora Munar y que ha necesitado la ayuda de su familia para poder recaudar el dinero que ha entregado. "Me he pasado toda mi vida luchando por la igualdad", explicó a su abogado e insistió en que "no solo estoy privada de libertad, sino que estoy muerta política, social y económicamente", al tiempo que rompía a llorar.
Ninguno de los otros acusados se salieron del guión. Román Sanahúja confesó que había pagado, mientras que Miquel Nadal y Bartomeu Vicens, los dos exdirigentes de UM, reconocen que cobraron una parte del dinero, pero ninguno de los dos llegó a revelar qué persona había exigido este pago a la empresa que ganó el concurso de Can Domenge. Ni tampoco llegaron a aclarar dónde está el dinero que falta para que cuadre el reparto de los cuatro millones de euros que se pagaron a cambio del amaño de este concurso. Eso sí, por primera vez confesaron, aunque tampoco sin más detalles, que Unió Mallorquina tenía una caja B y que la persona que la controlaba era Maria Antònia Munar.
Lo controlaba toda
Aunque tampoco era necesario, ambos políticos de UM dejaron también muy claro que este tipo de decisión política de tanto calado, como la venta del solar de Can Domenge, no se podía tomar al margen de la entonces presidenta del Consell, por lo que Munar sabía muy bien que se iba a exigir este dinero a Sacresa y conocía el sistema de reparto. "Nunca hice nada sin informar antes a Munar. Le decía hasta con quién comía y siempre le pedía permiso", desveló Nadal.
Vicens, en cambio, sostuvo que la decisión de pedir el pago a la constructora no fue una idea personal. Fue una decisión conjunta de la cúpula de UM, es decir, entre Munar, Nadal y él, que se encargó de gestionar la entrega del dinero y después repartirlo. Buscó a alguien de su confianza para que actuara de correo y le pidió el favor a Miquel Llinás, alias cameta, que sin duda de los cinco acusados, ayer fue el más sincero de todos. De hecho, fue el primero en confesar a la Policía y de inmediato entregó los 35.000 euros que le dio Vicens por este trabajo. El vecino de Campos, afiliado de UM, detalló que le hizo un favor a su amigo Vicens, pero que no supo nunca, si bien lo sospechó, que el dinero que recogía era una comisión ilegal por el amaño de un concurso. Llinás detalló los encuentros que tuvo con los emisarios de Sacresa para recoger el dinero. La primera cita fue en un bar del Pont d'Inca. La segunda en otro local del Paseo Marítimo. Nunca vio el dinero, porque estaba camuflado en varias carpetas. Se limitó a recoger la entrega y a dirigirse hacia el párking del Consell de Mallorca para dársela a Vicens. Meses después, por este trabajo, recibió 35.000 euros. También le regalaron una pluma de marca.
