02 de octubre de 2016
02.10.2016
Caso Palma Arena

Caso Palacete, 17 indicios sin acusación

Un grupo de ciudadanos próximos al PP facilitó entre 2008 y 2009 a la fiscalía anticorrupción valiosas pistas sobre el incremento patrimonial injustificado del expresident del Govern Jaume Matas

02.10.2016 | 01:21

El denominado caso Palacete (la pieza separada 24 del Palma Arena) nació a raíz de la denuncia de un grupo de ciudadanos anónimos próximos al PP que, entre 2008 y 2009, facilitó al fiscal anticorrupción Pedro Horrach valiosas pistas sobre el incremento injustificado del patrimonio del expresident del Govern Jaume Matas.

Según el auto de fin de la instrucción, dictado el pasado 1 de septiembre por el juez José Castro, buena parte de las sospechas expresadas en esa denuncia se han confirmado, aunque los hechos corren el riesgo de quedar impunes si Horrach no formula acusación. La Abogacía de la comunidad ya ha confirmado que no lo hará en una decisión que ha provocado graves tensiones entre los partidos miembros del Pacto y Podemos, el que le da apoyo.

La primera denuncia "del grupo de ciudadanos" llegó a manos de Horrach y de un inspector regional de Hacienda a finales de noviembre del año 2008. Allí se denunciaba que Jaume Matas, en su etapa de president del Govern, montó una trama para cobrar comisiones por obras públicas a través de tres colaboradores o cobradores, entre ellos su cuñado y extesorero del PP de Balears Fernando Areal.

"Salvo que alguien cante, la forma de demostrar estos actos delictivos (los sobornos) es por el alto nivel de vida del señor Matas, que no se correspondía con los ingresos de un ministro o de presidente del Govern", advertía la carta. A continuación se enumeraban 17 indicios del sospechoso incremento patrimonial del expresident del PP, varios de los cuales han sido incluidos como ciertos por Castro en su auto de fin de instrucción.

Entre esos signos destacaban los inmuebles "propiedad" de Matas: el piso de lujo de Don Ramón de la Cruz 105 de Madrid, el palacete de Sant Feliu 8 de Palma, y el apartamento en la Colònia de Sant Jordi.

Los denunciantes aportaron datos muy precisos sobre las obras de reforma del palacete, que en sus diferentes escritos cuantificaron entre 500.000 y 800.000 euros. La mansión de Sant Feliu se compró en "estructura" y Matas tuvo que invertir una fortuna en reformarla y equiparla a todo lujo.

Ya en la primera misiva se alertaba de que "nadie que conozcamos del PP ha visto el palacete y Matas lo ha mantenido oculto para no hacer tan evidente el escándalo".

Otro de los indicios eran las frecuentes compras que la esposa de Matas, Maite Areal, hizo en las mejores tiendas de Palma y pagando con billetes de 500 euros.

"El nivel de vida millonario de alguien que tiene sueldo de funcionario es un secreto a voces en Palma", concluía la denuncia.

En la segunda carta dirigida al fiscal anticorrupción, que ya había abierto unas pesquisas internas en la fiscalía a raíz de la primera denuncia, se apuntaba al decorador Antonio Obrador y al aparejador Miguel Ángel García como las personas que habían dirigido las obras en el palacete y se habían ocupado de los pagos en negro a proveedores.

"Tenemos informaciones de que la mayor parte de los trabajos (de reforma) se han pagado en efectivo y sin factura por imposición", algo que los proveedores negaron inicialmente ante la Guardia Civil, pero luego reconocieron sin tapujos ante el juez Castro, que asumió las pesquisas de la fiscalía y las amplió.

El tercer anónimo alertaba al fiscal del nerviosismo que su investigación estaba causando en el entorno de Matas y de las maniobras de Obrador y García para "justificar" los pagos en dinero negro.

Los ciudadanos avisaban de que Matas había ordenado vaciar de elementos de lujo la mansión de Sant Feliu e instaban a la fiscalía a actuar con rapidez. De hecho, cuando meses después, el juez Castro realizó dos registros en el palacete no encontró pruebas evidentes de corrupción.

"Ha destrozado el partido"

La cuarta misiva no fue dirigida a Horrach, sino a su jefe, el fiscal superior de Balears Bartolomé Barceló, que debía decidir si las diligencias de la fiscalía anticorrupción sobre el patrimonio de Matas seguían vivas o se les daba carpetazo, como había acordado el entonces fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido.

"Jaume Matas ha destrozado el Partido Popular y ha corrompido la política balear y esto no puede ser gratis en un Estado que pretende ser democrático", clamaban los denunciantes. La carta hablaba de que el expresident del Govern del PP había podido recibir sobornos de hasta 12 millones de euros, de ahí su inexplicable tren de vida. La última carta fue remitida al fiscal Pedro Horrach y en ella se siguieron aportando pistas sobre la trama.

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