El Govern Bauzá vulneró la ley de contratación de forma "grave y reiterada" en la Sanidad pública, mientras empresas y entes autonómicos como la Agencia de Turismo de Balears, IB3, IB Jove, Multimàdia de Balears, el Institut d'Innovació, la Fundació per a l'Esport Balear, la de investigación sanitaria Ramon Llull, la Fundació Balears Europa, la Escola d'Hoteleria y el Institut de Estudis Baleàrics replicaban a menor escala las irregularidades a la hora de adjudicar contratos públicos. Lo revela el último informe de la Sindicatura de Comptes de Balears, entregado ayer al Parlament balear y correspondiente al año 2014.
Quizá lo más destacado del trabajo del organismo encargado de auditar las cuentas públicas es que las malas prácticas a la hora de adjudicar el dinero público son casi idénticas a las denunciadas en años precedentes en Balears, la comunidad con más casos de corrupción política abiertos. Según reflejan los informes de la Sindicatura, desde hace dos decenios, empresas y organismos públicos recurren habitualmente a irregularidades como fragmentar contratos para adjudicarlos a dedo o tramitar concesiones en privado y sin posibilidad de que concurran otras empresas, como exige la ley. La mayoría de esas ilegalidades no acaban en los tribunales, ni se corrigen en años siguientes, como prueba el hecho de que la Sindicatura de Comptes repite denuncias año tras año.
El desbarajuste sanitario
En esta ocasión el análisis más contundente afecta a las cuentas del IB Salut. El ente gestor de la sanidad pública balear está cada año detrás de la mayor parte del agujero de déficit que generan las islas, algo achacable a una falta de control de las cuentas plasmado en extremos como que el IB Salut no tenga siquiera un inventario de su patrimonio. El descontrol se refleja en la contratación del día a día, trufada de irregularidades, que afectan tanto a la contratación de trabajadores como a la adjudicación de servicios y suministros públicos a empresas privadas. Para acreditarlo, la Sindicatura de Comptes se remite a informes de fiscalización de la Intervención General de la Comunidad, que revela que en el año 2014, y con José Ramón Bauzá y su PP a cargo de la gestión pública, "las gerencias [del IB Salut] no ejecutaron los gastos conforme a los procedimiento establecidos en la normativa vigente de contratación pública". "Buena parte del gasto se hace mediante expedientes menores, cuando, según la normativa, debería tramitarse mediante un contrato menor o un procedimiento abierto restringido", denuncian los auditores,que van más allá: "[En el IB Salut] se incumple de manera reitera y grave la normativa de contratación pública".
Concretan los fiscalizadores de las cuentas públicas que en las gerencias de los sectores sanitarios de Migjorn y Llevant detectaron "irregularidades en la verificación de la conformidad de las facturas", con lo que "hay riesgo de tramitar los gastos por un importen incorrecto o por prestaciones no satisfactorias".
Gestión irregular de la plantilla
Las irregularidades se repiten en la gestión de personal. De hecho, no siempre se contrata conforme a la ley: "En la gerencia del sector sanitario de Migjorn prestan servicios como profesionales independientes especialistas sanitarios (dermatólogo, psicólogo infantil, etc) que deberían haber sido nombrados como personal estatutario. Esta práctica permite eludir el cumplimiento de la normativa, que supone limitaciones salariales y autorizaciones del IB Salut".
Ante estas irregularidades graves y reiteradas, el organismo fiscalizador propone implantar procedimientos de control integral de gasto y contratación. Aunque el consejo tampoco es nuevo, ni parece muy efectivo, toda vez que la situación se reproduce cada año y con gobiernos de diferente color político. Y no solo en el IB Salut: algunas de las mayores empresas públicas de la comunidad siguen instaladas en la ilegalidad como norma.
Adjudicaciones a dedo
Sobran ejemplos de la impunidad y reiteración con la que se saltan la ley. La Sindicatura describe un catálogo completo de infracciones, todas ellas correspondientes a ese año 2014 del Govern Bauzá. En la Agencia de Turismo de Balears, invitada habitual a casos de corrupción, entregaron la elaboración de un estudio de impacto turístico a Exceltur, el lobby del sector hotelero. El problema es que el contrato público se otorgó sin el pertinente concurso y "sin que se justificase la imposibilidad de extender la invitación, como mínimo, a tres licitadores", como exige una ley que las empresas del Govern ignoran habitualmente.
Aparecen más casos en el IDI (Institut d'Innovació) e IB3. El primero, adjudicó un contrato de 64.098 euros sin concurso público, preceptivo en concesiones de más de 60.000 euros. En IB3 la Sindicatura desnuda "deficiencias significativas, con "contratos mayores sin expedientes justificativos" y con casos como el "fraccionamiento de tres contratos y la prórroga de nueve contratos menores".
Aunque el fichero de irregularidades más extenso corresponde a la Fundación per a l'Esport Balear, una vieja conocida en la historia de la corrupción autonómica, gracias a su relación con casos como el Palma Arena. De hecho, la construcción del velódromo de Jaume Matas (PP) aún destaca entre las fuentes de problemas e irregularidades de la Fundación, a la que acompañan en la vulneración recurrente de la ley entes como la Escola d'Hoteleria, las fundaciones Balears Europa y la de investigación sanitaria Ramon Llull. O el Institut de Estudis Baleàrics, que en 2014, según la Sindicatura, pagó sueldos por encima de los límites marcados y otorgó subvenciones superiores a lo autorizado.
