El Obispado de Mallorca, que ejerce la acusación particular, ha rebajado de 4 a 1,5 años la pena que solicita para cada uno de los seis acusados de delitos contra la libertad religiosa por interrumpir una misa en la iglesia de Sant Miquel de Palma con gritos en favor del aborto.
El letrado que representa a la Iglesia ha mantenido la calificación de los hechos pero se ha adherido a la petición de pena que plantea la Fiscalía, y ha señalado además que, si los encausados son condenados, el Obispado renuncia a la imposición de costas en la parte que le corresponde.
En la última sesión del juicio ante la Audiencia de Palma varios feligreses que presenciaron la irrupción de los jóvenes proabortistas el 9 de febrero de 2014 han testificado que obstaculizaron a mitad del templo el paso de los manifestantes para impedir que llegaran al altar.
Los fieles presentes en la iglesia que han testificado han coincidido en que ni los manifestantes ni los feligreses que los pararon ejercieron violencia física, aunque varios han indicado que algunos activistas trataron de avanzar por un pasillo lateral.
El sacerdote que oficiaba la misa en el momento de la irrupción de los jóvenes proabortistas ha explicado que se sorprendió por la entrada a gritos de los manifestantes en el templo, que se vio obligado a detener la ceremonia y que cuando continuó el oficio pidió a los fieles que rezaran por ellos porque "son hijos de Dios".
