Los seis acusados por interrumpir una misa en la parroquia de Sant Miquel en febrero de 2014 han planteado un acuerdo al Obispado en vísperas de que se inicie hoy en la Audiencia de Palma el juicio donde se enfrentan a una posible condena de entre 1,5 y 4 años de prisión por un delito contra la libertad religiosa.
Tras reunirse el lunes pasado con el administrador apostólico Sebastià Taltavull, los acusados remitieron ayer una propuesta de acuerdo por escrito al Obispado de Mallorca.
En el escrito dirigido al Obispado en busca de un acuerdo in extremis, los acusados señalan que "más vale un mal acuerdo que un buen pleito" y manifiestan su voluntad de "dar una solución dialogada al conflicto que afecta a ambas partes".
Quieren que el Obispado admita que la irrupción en la misa en Sant Miquel se produjo en un contexto de protestas contra la polémica reforma de la Ley del Aborto promovida por el PP conocida como ley Gallardón y fue "una situación puntual ligada a un contexto muy determinado, y que hoy por hoy no se da".
Plantean además que ambas partes, ellos y el Obispado, admitan que las consecuencias de estos hechos "han supuesto una desazón y sufrimiento, tanto al colectivo feminista como la Iglesia de Mallorca".
"El colectivo de feministas encausadas comprende y comparte el malestar que sufrieron los feligreses de Sant Miquel. La Iglesia de Mallorca hace lo mismo con el malestar que sufrieron las detenidas y su entorno social y familiar", dice literalmente la propuesta. Reivindican que se reconozca que la intromisión en plena misa tenía la intención de "dar visibilidad a una reivindicación política".
