29 de septiembre de 2016
29.09.2016

Ordenan al Govern que pague una obra inaugurada en 2007

El Ejecutivo debe asumir el coste de 1,7 millones de euros por la construcción del centro de la calle Joan Crespí

29.09.2016 | 00:49
El edificio público lo inauguró la reina Sofia en el mes de marzo de 2007.

El próximo día 2 de marzo se cumplirán diez años de la inauguración oficial, bajo el mandato de Jaume Matas, del centro para personas con grandes discapacidades, ubicado en la calle Joan Crespí de Palma, que presidió la reina Sofía. Un acto que se celebró cuando el edificio público aún no estaba terminado de construir y las obras todavía no se habían recepcionado. Su inauguración respondía a que se acercaba el periodo electoral y se convirtió en un acto de propaganda para el entonces president Matas. Pero aunque el edificio se inaugurara, se terminara y se utilizara por los usuarios, el Govern a fecha de hoy todavía no había abonado todas las facturas pendientes que le reclamaba la constructora. Este conflicto económico ha tenido que ser resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que ordena que el Govern, en un plazo de un mes, apruebe la correspondiente certificación final y la liquidación definitiva del contrato de obras. Y que, además, en tres meses a partir de dicha certificación, abone las facturas pendientes con la constructora, que ascienden a la cantidad de 1,7 millones de euros. A esta elevada cifra, además, habrá que sumarle los interesés por demora, lo que aumentará el precio de la factura.

Esta obra pública se licitó a través de un concurso, que fue adjudicado a una determinada empresa. Las obras, bajo el mandato de Jaume Matas, se realizaron según el acuerdo técnico aprobado, si bien durante el proceso de construcción hubo una serie de modificaciones en el proyecto, lo que elevó el presupuesto.

La empresa constructora ha tenido que acudir a los tribunales para resolver el conflicto económico que mantenía con la administración balear. No solo le pedía que pagara las facturas pendientes por las obras de modificación, sino también los gastos que se tuvieron que asumir, valorados en más de 380.000 euros, por la organización del acto de inauguración en la que asistió la madre del actual monarca. Esta última factura la rechaza el tribunal, porque entiende que estos gastos no se han demostrado. Sin embargo, la Sala si le da la razón a la empresa constructora, que entiende que debe cobrar las facturas por las obras que se realizaron. El Ejecutivo, no solo se negaba a pagar, sino que tampoco quería aceptar la certificación final de las obras.

Para determinar la cantidad que se debe pagar se han realizado varios peritajes técnicos para fijar el precio de dichas obras.

No es la primera vez que la empresa ha tenido que acudir a los tribunales sobre las discrepancias con el Govern sobre esta construcción pública.

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