Ni Jaume Matas ni ninguno de los otros siete acusados por supuesto blanqueo de capitales en relación al patrimonio inmobiliario del primero han recurrido, ante la Audiencia, el auto del juez José Castro activando el juicio oral contra ellos. Fiscalía anticorrupción y la acusación particular en nombre del Govern deberán decidir si formulan acusación por este caso, uno de los más importantes del Palma Arena por versar, entre otras viviendas, sobre el llamado palacete de Jaume Matas.
Castro dictó el pasado 1 de septiembre el auto de fin de instrucción de la pieza 24, referente al supuesto blanqueo de capitales de origen delictivo. En esa resolución se emplazaba a la fiscalía y al Govern a formular sus escritos de acusación contra todos o algunos de los ocho encausados, pedir el sobreseimiento o reclamar la práctica de nuevas pruebas.
El auto abría sendos plazos de 3 y 5 días para formular los recursos de reforma (ante el propio Castro) o de apelación (ante la Audiencia), posibilidad que no ha materializado ninguno de los implicados.
A diferencia de los autos de apertura de juicio oral (que no pueden ser recurridos), los autos de fin de instrucción sí pueden ser apelados ante la Audiencia, que está facultada para pronunciarse sobre si el caso debe llegar a juicio o ha de archivarse.
El origen del dinero
Matas tenía así una oportunidad de oro para exponer ante la sala segunda de la Audiencia las dudas que suscita este sumario, especialmente el hecho de que, según la fiscalía, es difícil acreditar el origen delictivo del dinero blanqueado. Castro postula que el dinero negro que el entonces president del Govern del PP invirtió en la compra y reforma de su palacete de Sant Feliu 8 de Palma (que vendió el pasado invierno para hacer frente a la responsabilidad civil por el caso Nóos); en la adquisición y obras de mejora de su casa de la calle Don Ramón de la Cruz 105 de Madrid; y en el apartamento de la Colònia de Sant Jordi, pudo proceder de los sobrecostes del velódromo Palma Arena y de los múltiples delitos cometidos en relación a ese velódromo y otros asuntos como la Ópera o la agencia de publicidad Over.
Entre 2003 y 2009 cuando se gestó y construyó esa instalación deportiva Matas se hizo con un patrimonio inmobiliario tasado en más de 4 millones. La joya de esa corona fue el llamado palacete, la planta noble de una antigua casa señorial del número 8 de la calle Sant Feliu de Palma.
Numerosos pagos en negro
El magistrado destaca que el palacete fue tasado por Hacienda en casi 2,5 millones de euros, sin contar con los equipamientos de alta gama y otros lujos de su interior.
El instructor detalla de manera pormenorizada como el constructor, el pintor, el montador de la cocina, la persona que instaló el baño turco y otros proveedores cobraron decenas de miles de euros en dinero negro. Los sobres con esas sumas los habrían entregado a los testigos Maite Areal, Fernando Areal (cuñado de Matas y exgerente del PP de Balears) y el arquitecto técnico que coordinó la reforma Miguel Ángel García-Inés Alonso. El constructor, Juan Serra, ha confesado que recibió sobres en negro de manos de Fernando Areal en la sede del PP de Palma.
El instructor quiere llevar a juicio a los dos hermanos y al aparejador, junto a Antonio Obrador Vidal, el dueño de la empresa Denario, decorador profesional y la persona que asesoró a los Matas en la reforma del palacete y de las otras dos casas investigadas, el lujoso piso de Don Ramón de la Cruz 105 de Madrid y la vivienda de la calle Marina 38 de la Colònia de Sant Jordi. La secretaria de Obrador, conocida como Mimia, es sospechosa de haber presionado a los testigos para que ocultaran el trasiego de dinero opaco entorno a la reforma de Sant Feliu. Otra persona acusada es Josefa Lorca, la mujer del exgerente del PP balear Antonio López y que abonó varias decenas de miles de euros por unos televisores destinados al palacete. El último encausado es Bartolomé Reus, amigo de Matas y dueño aparente de su piso en Madrid.
