27 de septiembre de 2016
27.09.2016

Decidir quién paga 42 millones frena el pacto en el caso Peaje

Acusados negocian con fiscalía y Consell una conformidad parcial sobre las malversaciones y cohechos y llevar al juicio los sobrecostes

27.09.2016 | 00:22
Antoni Pascual, izquierda, junto a su abogado Eduardo Valdivia.

Negociaciones

  • Acuerdo total de conformidad que evite el juicio con jurado popular. Desde hace meses, defensores, fiscales y abogados del Consell están negociando un acuerdo completo de conformidad en el caso Peaje, que evite el juicio con jurado popular. El principal escollo son los 42 millones que reclama el Consell.
     
  • Pacto parcial con reconocimiento de la malversación y los cohechos. Una de las posibilidades que se barajan es sellar un pacto parcial, con reconocimiento por algunos acusados de los fondos públicos desviados (malversaciones) y de los sobornos pagados a la cúpula de Carreteras de UM (cohechos).
     
  • Llevar ante un jurado si la UTE cobró 42 millones de más. Si se logra una conformidad en las malversaciones y cohechos solo quedaría plantear ante un jurado popular si la UTE que construyó la autovía de Palma a Manacor cobró del Consell casi 42 millones de euros de más.
     

El pago de casi 42 millones de euros al Consell de Mallorca por los presuntos sobrecostes en la construcción de la autovía de Palma a Manacor, una obra pública por la que están acusadas 13 personas entre antiguos cargos de UM, directivos de la UTE que realizó la carretera y empresarios, sigue dificultando la firma de un acuerdo de conformidad en el caso Peaje. Algunos acusados apuestan por un pacto parcial, donde se reconocerían las malversaciones y los cohechos, y dejar que los sobrecostes sean juzgados por un jurado popular.

Las defensas de los 13 acusados se hallan estos días redactando sus escritos de calificación provisional, que inicialmente se inclinan por la negación de las acusaciones y la solicitud de la libre absolución para sus representados. Si las conversaciones prosperan, siempre hay tiempo, antes de la vista oral, para reconocer los hechos total o parcialmente-

Sin embargo, y desde que los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán y la acusación particular en nombre del Consell redactaron sus calificaciones provisionales las conversaciones para lograr un acuerdo y no hacer el juicio no se han interrumpido.

Uno de los principales escollos para el acuerdo estriba en dictaminar qué sector de los acusados –la excúpula de carreteras del Consell con UM, la UTE que construyó la autovía, o un grupo de empresarios vecinos de esa carretera o proveedores de las obras– corre con la indemnización de 42 millones de euros de sobrecostes que reclama el Consell de Mallorca.

Antoni Pascual

Los principales encausados son el exconseller de Carreteras Antoni Pascual; el exdirector insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar; el exingeniero jefe Francisco Orejudo, y el celador Gabriel Mestre. Todos habrían formado parte de una trama de malversación de caudales y cobro de comisiones en forma de obras y en metálico.

Otros de los acusados son antiguos responsables de la UTE Desdoblamiento C-715 (antiguo nombre de la carretera); proveedores de la misma y empresarios con negocios en la vía. Por la UTE figuran Jerónimo Gutiérrez, jefe de obra; José Javier Navarro, jefe de producción; Jaime Mascaró, gerente; y Carlos Calafat, jefe de seguridad.

Entre los empresarios se hallan: Miguel Riera, responsable de Electro Hidráulica; Sebastià y Bartomeu Cloquell; y Guillermo Garí, propietario del restaurante El Cruce. Por último se halla implicada Mónica Florit, compañera sentimental de Orejudo.

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