El Consell de Mallorca ha decidido rescindir el contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) que estaba realizando las obras de construcción del tramo II del Segundo Cinturón al haber transcurrido el plazo máximo de ejecución de 25 meses y solo se ha construido un 20% de la obra. La institución insular licitará de nuevo el tramo, comprendido entre los depósitos de CLH y Son Ferriol, por el 80% restante en los próximos meses con un presupuesto que rondará los 28,6 millones de euros.

La consellera insular de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido, explicó que "se ha decidido rescindir el contrato al comprobar que el ritmo de la obra era muy lento. Ayer concluía el plazo de ejecución y se ha constatado que solo habían construido unos muros de contención y dos rotondas, lo que significa solo el 20% de la obra". Garrido incluso relató que durante muchos meses la empresa solo pasó certificaciones de obra correspondientes a vigilancia, no de construcción.

Este proyecto fue adjudicado a la UTE formada por Man, Torres Cámara, Estel y Siquier en junio de 2014. La duración de la obra debía ser 20 meses y las empresas de la UTE se comprometieron a realizarla por 25,6 millones, 10 millones menos que el precio de salida que habían previsto los técnicos del Consell. Garrido, que estuvo acompañada de su secretario técnico, Marc López, indicó que esta baja en el precio fue calificada por los ingenieros de la institución como "temeraria".

En principio la construcción del tramo debía estar construido en 20 meses, tal y como la adjudicó el PP durante la pasada legislatura. Sin embargo, el pasado mes de abril la constructora pidió una prórroga de 5 meses que el Consell le concedió. Poco tiempo después, según relató la consellera Garrido, pidieron una modificación de contrato alegando que había deficiencias en el mismo. Desde el Consell consideran que las intenciones de la empresa eran compensar la diferencia a la baja de la obra. "Desde el primer momento siempre pidieron revisar el contrato", señaló Garrido.

Ahora el Consell confía en los próximos meses sacar a licitación el 80% restante de la obra y que pueda estar culminada en algo mas de un año. Según Garrido, la UTE rescindida deberá abonar indemnizaciones que se calcularán mediante la diferencia de la adjudicación de 2014 y la que realizará en 2017. La institución insular cree que esta resolución de contrato terminarán en los tribunales.

El Consell también solicitará que esta UTE no pueda seguir contratando con la administración pública mediante un informe del Consultiu que verifique lo ocurrido con el Segundo Cinturón.