La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha negado este viernes que exista una "crisis" en el seno del Ejecutivo balear entre PSIB y Més después de que los econacionalistas hayan criticado las decisiones de la Abogacía de la comunidad, así como que el Govern no haya consensuado, según Més, el proyecto de remodelación de Son Dureta.

Así se ha pronunciado Costa al ser preguntada por esta polémica con Més, donde también ha incidido en que el hecho de que "discrepemos o debatamos" entre los partidos que conforman el Govern no supone que haya algún tipo de crisis.

Pilar Costa ha subrayado su compromiso de "llegar hasta el final en los casos de corrupción" en los que está personado como acusación para exigir responsabilidades penales y recuperar el dinero público malversado.

A raíz de las protestas de Més, socio de coalición del PSOE, por la retirada de la Abogacía de la comunidad de dos causas penales que afectan al expresidente del Govern Jaume Matas, Costa ha subrayado que los socios de la coalición coinciden en una actitud de "tolerancia cero con la corrupción", aunque ha justificado el desestimiento de la acusación contra Matas en los casos conocidos como "palacete" y "ópera" porque responde a criterios técnicos.

No obstante, ha lamentado que esta decisión, de la que el Govern no tuvo conocimiento previo, pueda haber trasladado la impresión de que el ejecutivo de izquierdas modifica su política de persecución de la corrupción por algún pacto con Matas.

"No habrá ningún pacto" que suponga una rebaja de la petición de pena o de la reclamación de fondos presuntamente defraudados ni con Matas ni con ningún otro imputado por delitos que afecten a los fondos públicos, ha garantizado.

Costa ha asegurado que el Govern no comparte las consecuencias políticas de que la Abogacía haya desistido de acusar a Matas en las dos piezas citadas del caso Palma Arena, aunque respeta una "decisión jurídica" que entiende "discutible".

La portavoz ha evitado, pese a las insistentes preguntas de los periodistas, precisar si el Govern ha planteado el cese del director general de la Abogacía, Lluís Segura, o si él ofrecido dimitir. Ha insistido en que le ha pedido un informe del estado de todas las causas de corrupción en la que está personada la comunidad a partir del cual "se tomarán decisiones".