Francina Armengol no acusará de corrupción a Jaume Matas, por solidaridad gremial. Es la única explicación para que el Govern del Pacto de Progreso se abstenga en la fabulosa Ópera de Calatrava, que el Govern del Pacto de Progreso denunció públicamente como un caso de corrupción del PP. La presidenta socialista ha blanqueado escrupulosamente el repugnante pago de millones de euros de los contribuyentes en maquetas retráctiles y retornables del faraónico proyecto, mamotretos que jamás fueron desembalados o que simplemente han desaparecido. Més y Podemos pasaban por allí, el debate de esta semana ha aclarado que su única función es aplaudir al PSOE.
La inhibición del Govern presuntamente progresista se explica sin más que revisar el nomenclátor de personajes de la farándula local implicados en la Ópera y el palacete. Armengol no puede permitirse la mínima introspección en sus negocios personajes o conyugales. La primera regla para garantizarse la impunidad consiste en apaciguar a los poderes fácticos. La "mujer progresista, izquierdista, feminista y barcelonista" lo consigue pasando la factura a los ciudadanos. Y a las ciudadanas.
Desde la oposición, la farmacéutica Armengol ya retiró a toda prisa la acusación del PSOE contra la incompatibilidad del farmacéutico Bauzá, en otro rasgo de solidaridad gremial. La dirección de los servicios jurídicos del Govern progresista avergonzaría a Venezuela. Dado que ahora renuncian explícitamente a recuperar el dinero público que ellos mismos consideraban malversado, ¿a qué van a dedicar su carísimo tiempo? Como hasta ahora, a perseguir desde la vitola socialista a los periodistas que denuncien la corrupción.
Desactivada por napoleonismo la fiscalía anticorrupción, y con el Govern de izquierdas al servicio de la corrupción que no ha figurado esta semana en las peroratas de Armengol, la presidenta ya puede enfrentarse al blanqueo de la comisión de Sa Nostra. Por supuesto, Més y Podemos seguirán aplaudiendo.
El Govern de Armengol pasará a la historia por haber mantenido una querella con fondos públicos contra tres periodistas de este diario, en castigo por destapar el sobrecoste de 700 mil euros públicos en un hotel ruinoso de Sóller. Todos los funcionarios a quienes defendía Armengol están hoy imputados por corrupción. El PSOE siguió acusando a los informadores tras un primer archivo.
La presidenta aclara el criterio legal de la abogacía de su Govern, defender a los corruptos acreditados y cargar con furia contra quienes publiquen escándalos. Se desacredita de paso la instrucción de José Castro, y se nubla el rastreo de alguna diferencia entre Matas y Armengol.
