El Ministerio de Fomento considera que la intención del Consell de Mallorca de rescatar la concesión del túnel de Sóller es "una decisión política". Por este motivo, no ha permitido que la institución insular destine parte del dinero para expropiaciones contemplado en el convenio de carreteras que sufraga Madrid. Pese a ello, la consellera insular de Territorio y Carreteras, Mercedes Garrido, indicó que las arcas del Consell tienen disponibilidad para hacer frente al rescate.
El convenio de carreteras de Mallorca contempla 387 millones para ejecutar obras y otros 41 millones para sufragar expropiaciones. Garrido solicitó a Madrid poder utilizar parte de este dinero, visto que prácticamente se están ejecutando muy pocas expropiaciones, para rescatar el túnel. "Al fin y al cabo se trata de una expropiación", recordó Garrido.
No obstante, desde Madrid se negaron en redondo al calificar la decisión de "política". Hay que recordar que el convenio de carreteras es un instrumento sufragado por Madrid para acometer las obras de mejora de la red viaria de Mallorca y Fomento debe autorizar las obras y adquisiciones.
El Consell no tuvo la posibilidad de debatir la cuestión con el Ministerio de Fomento al encontrarse el Gobierno en funciones y la entonces ministra, Ana Pastor, pasó a ser presidenta del Congreso de los Diputados.
Mercedes Garrido confiaba en que ya habría un nuevo Ejecutivo central para poder desbloquear la situación. Pese a ello, reiteró que la concesión del túnel de Sóller será rescatada.
Por otra parte, el Consell confía en recibir en breve el informe encargado a una consultoría externa para evaluar la cifra del rescate del túnel de Sóller. La concesionaria pide 30 millones de euros, pero el Consell de Mallorca no piensa llegar a esta cantidad y, por este motivo, ha encargado un informe a peritos independientes. Las intenciones de la institución insular son que a partir del año que viene el túnel sea gratuito, rescatando los seis años que le queda por explotar a la concesionaria. Este es el precio que deben calcular los peritos externos.
Garrido recordó que el Govern también debe participar en el rescate, mediante la firma de un convenio. El Ejecutivo autonómico debe hacer frente cada año a 1,5 millones de euros del peaje a los residentes de los pueblos de la zona y se calcula que durante los seis años de concesión que quedan tendría que abonar unos 9 millones de euros. Por consiguiente, el rescate del túnel puede suponer un ahorro considerable para las arcas de la Comunidad Autónoma.
Desde el Consell de Mallorca son conscientes que será difícil ponerse de acuerdo en el precio con la empresa concesionaria. Admiten que lo más probable es que el rescate se dirima en los tribunales. La institución insular tiene la potestad de rescatar la concesión. No obstante, si la concesionaria no esta de acuerdo con el precio tiene el derecho de acudir a la Justicia ordinaria.
