Raquel Pérez, hija del fallecido promotor inmobiliario Ildefonso Agustín Pérez Ruiz, confirmó ayer al juez José Castro que su padre prestó en 2004 seiscientos mil euros al constructor Antonio Pinal, dueño del grupo Bruesa. La mujer explicó que su progenitor le contó que Bruesa nunca incluyó esa cantidad en su contabilidad y que el dinero sirvió para pagos en negro, entre los que podría estar el abono de parte de la sede central del PP de Balears, en la calle Palau Reial.
Raquel Pérez prestó ayer declaración ante el juez Castro y una letrado de la acusación en nombre del Govern. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que ha anunciado su abandono de la fiscalía para ejercer como letrado, no asistió al interrogatorio.
La testigo se ratificó ante el instructor en el relato que desveló, en junio del año pasado, ante los agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional.
Según la declarante, su padre y Antonio Pinal fueron amigos durante muchos años y también socios en varios negocios, entre ellos una promoción inmobiliaria en Costa de los Pinos en 2004. Pinal era socio en esa operación, pero no aparecía formalmente como tal.
Pérez Ruiz prestó ese mismo año 600.000 euros a Pinal, cantidad que coincide casi al cien por cien con los 602.000 euros que el PP abonó en efectivo por su nueva sede de la calle Palau Reial de Palma, entre dinero entregado al vendedor, impuestos y gastos de notaría y registros. Según la testigo, su progenitor sacó el dinero en efectivo de una sucursal de la antigua Sa Nostra de la calle Aragón el 21 de julio de 2004 y lo trasladó en una mochila a otra oficina de la misma entidad del Polígono de Son Fuster, donde estaba la central de esa caja de ahorros.
Un empleado de confianza de Pinal escoltó al prestamista y se hizo cargo del dinero en Son Fuster, donde fueron atendidos por la entonces directora, al parecer esposa de un antiguo dirigente del Partido Popular.
Ildefonso Pérez Rubio contó a su hija que el empleado de Pinal y la directora no le dijeron nada del destino del dinero, pero sí que le explicaron que, dada su no inclusión en la contabilidad de Bruesa, iba a servir para alguna operación en negro.
El empresario mallorquín, a pesar de haber firmado con Antonio Pinal un documento de reconocimiento del préstamo, no pudo recuperar nunca su dinero. En 2011 el prestamista pidió ser incluido entre los acreedores del concurso del grupo Bruesa, algo que le fue denegado en un principio, pero más tarde le fue reconocido.
Rodríguez y Areal
El exsecretario general del PP de Balears José María Rodríguez, imputado en los casos Over y en el sumario de corrupción de la Policía Local de Palma, y Fernando Areal, extesorero de ese partido, cuñado de Jaume Matas y condenado por financiación irregular del PP, firmaron la escritura de compraventa de Palau Reial el 15 de julio de ese año, días antes del trasiego de la mochila con los 600.000 euros.
El PP pagó 511.539 euros en efectivo por ese inmueble y el resto del precio lo abonó gracias a un préstamo hipotecario. Pero la cantidad en metálico no se entregó el día de la escritura, dado que las partes pactaron una primera partida de 60.101 euros y unos pagos aplazados de 451.438 euros, que se realizaron el 25 de mayo del 2005.
Dadas las fechas de los abonos, la hipótesis de que el dinero de Pérez Ruiz pudo acabar en manos del PP se mantiene en pie.
El exedil del PP Javier Rodrigo de Santos fue el primero en acusar al constructor Antonio Pinal, en julio del 2014 y ante el fiscal anticorrupción Pedro Horrach. El exregidor explicó que el propietario de Bruesa le había confesado que pagó las oficinas del PP para conseguir un pelotazo urbanístico con los terrenos militares de Son Busquets y Automóviles, una operación que finalmente no se hizo.
Pinal también manifestó al testigo que, como trabajaba con frecuencia en Euskadi, financiaba al PP y al PSOE. De hecho se sospecha que también pudo dar dinero para la sede del PP en el País Vasco, algo que corroboró el extesorero del PP nacional Luis Bárcenas.
Antonio Pinal dijo a De Santos que se sentía perjudicado por no haber ganado la adjudicación para reformar el barrio de sa Gerreria de Palma y que el PP le debía compensar por ello.
Carta de Mesquida
El Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional ha hecho varias gestiones ante el ministerio de Defensa para aclarar cuáles fueron sus relaciones con el imputado Antonio Pinal.
También se ha recabado, sin éxito, una supuesta carta que Joan Mesquida, exalto cargo de Defensa, mandó a Pinal sobre el futuro de los citados cuarteles palmesanos.
