06 de septiembre de 2016
06.09.2016
Corrupción

El fiscal pide 8 años para Josep Lliteres por desvío de fondos

Se le acusa de usar dinero del Consell para captar votos para UM entre la colonia de latinoamericanos - Abren juicio oral contra 8 personas en una pieza del caso Maquillaje

07.09.2016 | 01:01

La fiscalía anticorrupción reclama una pena de 8 años de cárcel para Josep Lliteras Vidal, antiguo dirigente vecinal y exdirector insular de Relaciones Institucionales del Consell de Mallorca, por, presuntamente, desviar más de 200.000 euros de esa institución a una trama de captación del voto para Unió Mallorquina (UM) entre la colonia de latinoamericanos asentada en la isla. Junto a Lliteras se sentarán en el banquillo de los acusados otras siete personas, dentro de una de las piezas separadas del caso Maquillaje.

El juez Pedro Barceló ha abierto juicio oral contra una presunta trama de captación de votos para UM entre inmigrantes latinoamericanos, desviando fondos públicos. Entre los principales acusados se encuentran el citado Josep Lliteres, y Eugenia Cañellas, exsecretaria general técnica de la conselleria de vicepresidencia de esa institución cuando estaba ocupada por Miquel Nadal, que no está acusado en este sumario.

Loas a Unió Mallorquina

Según el instructor, Lliteres, Cañellas y Coloma Munar, prima política de la expresidenta del Consell y de UM Maria Antònia Munar, habrían desviado unos 200.000 euros para gratificar a algunos representantes de la colonia de sudamericanos en las islas con objeto de conseguir votos para el partido. Anticorrupción solicita para Munar la misma pena que para Lliteres (8 años de privación de libertad) y para Cañellas 6 años de cárcel.

El dinero habría servido para sufragar eventos donde se loaba a UM y su programa o remunerar la labor de los buscadores de votos.

Cinco de los seis restantes implicados son miembros de estas asociaciones de emigrantes argentinos y colombianos: Carina Barroso; Lucía Estella Luque; Joaquín Mandado y Norma Aurora Mario. El octavo encausado es un electricista al que el Consell adeudaba 1.700 euros por unos trabajos en el castillo de Alaró y que cobró el dinero mediante una factura falsa vinculada a uno de esos eventos partidistas.

El ministerio fiscal solicita para Carina Barroso y Lucía Luque sendas penas de 4 años de prisión; mientras que para Norma Aurora Mario pide 14 meses de privación de libertad.

La fiscalía anticorrupción sostiene que 19 expedientes de gastos inferiores a 12.000 euros abonados por el Consell permitieron dedicar esos fondos públicos a favorecer a UM.

Entre los actos investigados se halla un certamen de Miss Baleares Argentina; comidas, excursiones, conferencias, visitas a museos y conciertos musicales.

Dos arrepentidos

Según la fiscalía anticorrupción, algunos de esos eventos no llegaron a hacerse y el dinero para sufragar los mismos acabó en manos de los dirigentes de las asociaciones de inmigrantes. Otra de las acusaciones es el pago de 20.500 euros a una imputada por informes inexistentes o plagiados de internet.

Jorge Joaquín Mandado, exlíder de la comunidad argentina en Balears, admitió los hechos al poco de iniciarse las pesquisas judiciales. El fiscal anticorrupción aboga porque en su caso se le reconozcan las atenuantes de confesión y reparación del daño. La pena reclamada para Mandado es de 12 meses de privación de libertad. La acusación pública también quiere que se le acepte la atenuante de colaboración al electricista, para el que se pide una pena de 1 año y 8 meses de cárcel.

Mandado desveló que en mayo del 2007 Lliteres le dio unos 2.700 euros del Consell como gratificación por su trabajo para introducir a UM en la colonia de residentes suramericanos de Mallorca.

Charlas que no se dieron

Mandado explicó que Lliteres simuló la organización de un ciclo de conferencias para inmigrantes impartidas por él, charlas que nunca se hicieron. Los 2.700 euros forman parte de un expediente administrativo por una cuantía de unos 12.000 euros y en el que el Grupo de Delitos Económicos de la Policía detectó un cúmulo de anomalías.

Josep Lliteres sostuvo en su día ante el juez del caso Maquillaje que falsificaron su firma hasta cuatro veces en un expediente donde se habrían desviado fondos públicos. En ese expediente, por una cuantía de unos 12.000 euros, hay varias facturas por aperitivos, bebidas y menaje teóricamente destinados a unas conferencias para inmigrantes que nunca se dieron, pero que parece ser sirvieron para camuflar el cátering de la fiesta electoral de UM de la noche del 27 de mayo del 2007.

El también exalto cargo del Govern de Antich se desvinculó del expediente y las conferencias y apuntó a la acusada Eugenia Cañellas de la organización de esas charlas. El juicio se celebrará en la Audiencia de Palma.

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