El alquiler ilegal a turistas aflora para Hacienda, pero sigue al margen de la ley. Aunque los propietarios que operan en la ilegalidad cuentan ahora con el visto bueno formal de la Agencia Tributaria de Balears, que en julio, para empezar a cobrar la nueva ecotasa, creó un registro al que debían apuntarse obligatoriamente todos los alojamientos turísticos. La amenaza era explícita: quien no se inscribiese antes de final de mes se exponía a sufrir una multa de 400 euros y un recargo sobre todo el Impuesto de Turismo Sostenible no declarado en sus establecimientos. El aviso, o quizá el deseo de muchos propietarios de dejar de operar al margen de una ley que casi nadie cumple en estas islas, ha tenido efecto: un total de 1.784 pisos en edificios plurifamiliares se han inscrito como turísticos para recaudar la ecotasa. Hacen algo ilegal en Balears (y en otras dos autonomías), que les puede suponer duras sanciones por parte de la Conselleria de Turismo del Govern, pero si cobran la ecotasa y tributan por los beneficios obtenidos en sus inmuebles a través de la declaración anual de la Renta (IRPF), Hacienda no les reprochará nada.
Salvando las distancias, sería algo así como si la Agencia Tributaria reclamase el IVA a los vendedores de drogas ilegales en España como la marihuana, considerados a su vez traficantes por la policía: cuesta por ello imaginar a alguno de ellos apuntándose para declarar los beneficios obtenidos con la droga. En el caso del alquiler turístico ilegal (que a diferencia del tráfico de drogas solo conlleva sanciones económicas, no penas de cárcel), los que salen de la economía sumergida y siguen en la ilegalidad turística son muchos más de los esperados por el Govern, aunque muchísimos menos de los que operan al margen de la ley y en negro: portales turísticos de internet como AirBNB y agencias inmobiliarias de toda Europa ofrecen a turistas casi 90.000 viviendas en Balears, la mayoría de ellas en pisos de edificios residenciales, y por tanto vedados al arrendamiento turístico. Es decir, con la ecotasa aflora solo uno de cada cincuenta alquileres turísticos ilegales.
Y aún así son muchos más de los esperados incluso por la Agencia Tributaria, que en primavera modificó el reglamento de la ecotasa en el último momento precisamente para exigir que hasta los arrendamientos ilegales tributasen. Incluyeron para ello una cláusula: Hacienda considera que todos los alojamientos que se venden por menos de dos meses son turísticos, por lo que invierten la carga de la prueba, y obligan a demostrar a quien alquila por menos de dos meses que lo hace conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos y depositando la fianza que se exige en cada alquiler legal.
Govern sin ley
Para no complicar más el tema, Hacienda se saltaba entonces la propia legislación balear y pasaba por alto un punto clave de la normativa turística que legó el anterior Govern (el del PP de Bauzá): en el reglamento de la ecotasa nada se dice de la prohibición explícita de que los pisos en edificios plurifamiliares se anuncien a través de canales turísticos, tales como las web de moda que canalizan casi todos los arrendamientos de turistas. Con esa jugada entre surrealista y kafkiana, el Govern permite desde la Conselleria de Hacienda lo que se supone que persigue desde la Conselleria de Turismo, manteniendo de paso igualmente enfadados a los propietarios de apartamentos y a los hoteleros. Los dueños de pisos, porque que se consideran discriminados y privados de su derecho a alquilar a quien quieran, y porque siguen sometidos ala inseguridad jurídica derivada del galimatías legal balear. Y los hoteleros porque consideran competencia desleal a quienes están alquilando pisos a turistas al margen de la ley y en la mayoría de los casos en negro, sin impuestos, a diferencia de unos negocios a los que se les va en tributos y cotizaciones laborales más de la mitad de lo que cobran.
Ahora a los hoteleros se les cae ese argumento en el caso de los 1.784 propietarios que se han inscrito para pagar el impuesto, que son pocos con respecto a la oferta ilegal (49 de cada 50 siguen operando en negro), pero muchos con respecto a la oferta turística. Concretamente, en el conjunto de Balears se han inscrito un total 9.270 alojamientos vacacionales, de los que el 19%, esos 1.784 citados, son pisos en edificios plurifamiliares sin registro turístico previo, es decir, operan con turistas en inmuebles vedados al alquiler turístico.
Con todo, Hacienda y la comunidad balear ahora también se benefician de la ilegalidad. Que es realmente muy lucrativa: en estas islas en la que se ofertan para alquiler a turistas hasta furgonetas en parques naturales protegidos como es Trenc (como documentó este diario hace tres semanas), se estima que hay más de 120.000 plazas que se arriendan ilegalmente a turistas, a precios que superan de media los 200 euros por noche. Y se ocupan casi todos. Al margen de la ley, sí, pero ahora con el visto bueno de Hacienda.
