Madrid ya trabaja en la protección del corredor mediterráneo que hay entre la costa noroeste balear y la de Cataluña y Valencia. El ministerio de Medio Ambiente ha iniciado los trámites para declarar Zona de Especial Protección de importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) toda esta área de migración de cetáceos. Sin embargo, la declaración no será oficial hasta 2018 y hoy quedan todavía sobre la mesa proyectos de dos empresas de hidrocarburos que podrían tener luz verde.
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar está trabajando en estos momentos en la elaboración de una Orden Ministerial para declarar la protección del área. Esta medida implicaría diversas medidas, como desviar el tráfico marino o prohibir prospecciones petrolíferas y sondeos sísmicos en estas aguas. Con esta protección, se pondrá punto y final a los planes de diversas compañías de hidrocarburos de llevar a cabo prospecciones en el oeste del mar balear. No obstante, hasta dentro de dos años la protección no será efectiva y estas empresas pueden aprovechar para avanzar en los proyectos que ya están tramitando.
La declaración deberá esperar a febrero de 2018. Será en esa fecha cuando tenga el pronunciamiento oficial de la Convención de Barcelona, ente de países del Mediterráneo que supervisa la protección del medio marino. Todo ello, después de consultar el borrador de la orden ministerial con autonomías y entidades para consensuar un plan de medidas.
Trece proyectos en marcha
Mientras, siguen tramitándose hasta 13 proyectos de prospecciones que afectarían el área que el Gobierno pretende proteger. Concretamente, se trata de 12 permisos solicitados para la investigación de hidrocarburos por la empresa Cairn Energy -la misma empresa que en 2015 reculó por la fuerte contestación política y social de Balears- y de un proyecto de sondeos acústicos de la empresa Spectrum. Mientras sería un tercio de este último proyecto el que afectaría el corredor de cetáceos, las investigaciones de Cairn Energy se solapan en su totalidad con el área que se protegerá.
Mar Blava pide "coherencia"
Estos proyectos dependen del ministerio de Industria, que podría dar los permisos si superan la Declaración de Impacto Ambiental. Al estar todavía en trámite la declaración de protección del corredor, las empresas podrían desarrollar sus proyectos y, de ser interrumpidos al protegerse el área, podrían incluso reclamar indemnizaciones al Gobierno.
Por ello, desde la Alianza Mar Blava, que ha liderado la oposición a los sondeos en los últimos años, reclaman al Gobierno que apruebe un real decreto para la protección preventiva del área, mientras se tramita el ZEPIM. Carlos Bravo, coordinador de la plataforma, pide a la administración "que sea coherente con lo que está defendiendo", ya que, a su parecer, "no tendría sentido que se anuncie la protección de la zona mientras se permiten prospecciones".
En la misma línea, al conocer las intenciones del Gobierno, el Govern balear pidió a Madrid una moratoria preventiva sobre todos los proyectos que puedan suponer una amenaza para las poblaciones de cetáceos, en especial las prospecciones de hidrocarburos.
