Empresas y organismos dependientes de la Administración autonómica exigen el catalán para acceder a un puesto de trabajo pese al vacío normativo actual que les permite no hacerlo. IB3 no ha exigido el catalán para la plaza de nuevo director de informativos, amparándose en que el Govern aún debe aprobar el reglamento que desarrolle la ley que lo vuelve a situar como un requisito.
Desde la conselleria de Administraciones Públicas defienden que el ente televisivo ha actuado conforme a la legalidad. Sin embargo, según explican distintos cargos electos y altos cargos del Ejecutivo, la radiotelevisión autonómica "si hubiera querido" ya podría haber exigido que los aspirantes a jefe de los informativos acreditaran un determinado nivel de conocimiento de la lengua autóctona. De facto lo está haciendo la mayoría del llamado sector público instrumental.
Desde hace cinco meses el catalán vuelve a ser por ley un requisito para ser funcionario en la Comunidad Autónoma balear y, por vez primera, también para ser empleado público. En el caso de las empresas, organismos, consorcios y entes instrumentales de la Comunidad, se está a la espera de que se apruebe el reglamento que desarrolle la ley en cuestión, que los partidos del Pacto y El Pi aprobaron en el Parlament.
Aprobado en septiembre
Desde Administraciones Públicas explican que el texto está listo, a la espera de cerrar flecos con los sindicatos y del dictamen jurídico del Consell Consultiu. A finales de septiembre el reglamento será aprobado y el nuevo statu quo cobrará plenamente vigor, anuncia el departamento. Entretanto, las empresas y entes públicos no están obligados a exigir a sus empleados la competencia oral y escrita en catalán, sostienen desde la Conselleria. Así se le indicó a IB3 en su momento.
Con todo, en la práctica otros muchos entes como IB3 están exigiendo desde hace tiempo el catalán como requisito para sus puestos de trabajo. El sistema elegido, a falta del reglamento mencionado, consiste en un acuerdo de los respectivos consejos de administración. Está la vía de modificar la relación de puestos de trabajo de la plantilla y pasar a exigir la obligatoriedad de que los nuevos empleados dominen oral y por escrito la lengua catalana. Otro método que en algunas empresas públicas también se adopta es solicitar un informe técnico que justifique la necesidad del conocimiento del catalán previa convocatoria de la plaza.
"Voluntad política"
En todos los casos, ha sido "por voluntad política" que se ha llegado a encontrar fórmulas para aplicar la nueva ley que devuelve al catalán el estatus de requisito en el sector público instrumental. El motivo era evitar agravios comparativos entre el personal laboral y los funcionarios de la Comunidad Autónoma, mientras existe el vacío legal por falta del reglamento.
Por otro lado, ayer IB3 dio a conocer la lista provisional de admitidos para el puesto de director de informativos, doce en total. En breve se procederá a la elección del nuevo jefe.
