Terraferida sostiene que el Govern, y no solo la Demarcación de Costas -perteneciente al Estado- tiene instrumentos legales para sancionar con dureza a los yates chárter de lujo que últimamente ocupan playas emblemáticas -y en algunos casos protegidas- de Balears para un uso lucrativo.

La conselleria de Medio Ambiente ha informado de que los patrones de los tres barcos, pertenecientes a la misma empresa, que el pasado fin de semana invadieron el arenal de Cabrera fueron identificados y se les abrirá expediente sancionador por vulnerar la Ley de Costas, que prohíbe el uso privado y sin autorización de las playas.

Sin embargo, como publicó este diario martes, el impacto del episodio difícilmente supondrá una sanción de más de mil euros, a pagar por la empresa de los tres yates involucrados. Una cantidad que puede parecer irrisoria teniendo en cuenta que algunos de estos yates cuestan más de 60.000 euros al día solo en alquiler.

Ley autonómica

Terraferida explicó ayer que Medio Ambiente tiene potestad sancionadora aplicando la Leco, ley para la Conservación de los espacios de relevancia ambiental, aprobada en 2005. Este norma especifica que las actividades graves como las acampadas y la pernoctación al aire libre en lugares prohibidos son actividades graves, susceptibles de ser multadas con entre 6.000 y 100.000 euros.

"Estamos de acuerdo en que las islas deberían disponer de mayor autonomía para afrontar mejor los retos de conservación del litoral, peor no olvidemos que tenemos un instrumento legal efectivo que podría aplicarse de manera inmediata en esta situación específica", indica Terraferida por medio de un comunicado. Además de la Leco y la ley de Costas, también señalan que se podría haber vulnerado el Plan rector de uso y gestión del parque nacional de Cabrera.

Los ecologistas presentaron ayer mismo una denuncia ante la Conselleria contra esta nueva modalidad comercial en auge que ponen en práctica grandes barcos chárter. Terraferida solicita en su escrito que Medio Ambiente investigue a fondo estas "acampadas ilegales" por lucrativas y "sancione de manera ejemplar" a sus promotores, para frenarles cuanto antes.