­Més registró ayer en el Parlament una proposición no de ley por la que insta al Gobierno central a modificar la Ley de Costas con el fin de hacer efectivo el Estatut d´Autonomia respecto a las competencias ejecutivas en la gestión del dominio público marítimo-terrestre. El objetivo de esta medida es que el Govern pueda ejercer mayor control y evitar las "agresiones históricas" en la costa, tras la "nueva oleada de especulación y destrucción y capítulos como el de Cabrera", según resaltó el portavoz parlamentario de Més, David Abril, en referencia a la ocupación de la playa del Parque Nacional de Cabrera el pasado fin de semana por parte de megayates.

De acuerdo con el Estatut d´Autonomia balear, corresponde al Govern "la gestión del dominio público marítimo terrestre", especialmente en "lo relativo a la concesión de autorizaciones, la ejecución de obras y actuaciones en el litoral que no sean de interés general, la policía administrativa en la zona de dominio público marítimoterrestre y las concesiones y fondeos".

"Es absurdo que Madrid deba vigilar nuestra línea de costa", dijo Abril quien consideró que el aumento a "las agresiones" en el litoral balear se debe a La Ley de Costas aprobada en 2013 por el PP y la Ley Turística balear impulsada en la pasada legislatura por el exconseller Carlos Delgado.

Recordó que mientras el Estado ingresa 9 millones de euros netos anuales por concesiones y actividades que generan impacto en las islas, "en los últimos 15 años ha invertido en Balears 13 millones de euros". A ello añadió que en la actualidad Costas tiene "tres o cuatro inspectores" para todas las islas, un número a todas luces insuficientes. "Que nos de la competencia aunque sea mal dotada", insistió el portavoz de Més.

En la propuesta, Més afirma que con la Ley de costas "se han incrementado considerablemente las concesiones administrativas sobre dominio público en la costa", desde parasoles y tumbonas a "pantanales de uso particular para hoteles o edificaciones de lujo". Sin embargo, mientras se produce esta situación, "los recursos de vigilancia marítima ni están ni se les espera, con episodios lamentables recientes como el incendio de s´Espalmador en Formentera, las molestias de los ´party boats´ o el fondeo ilegal y la ocupación de playas protegidas por parte de yates de lujo".

En la exposición de motivos resalta, además, que la Demarcación de Costas "ha protagonizado de manera reiterada diversos episodios sonados de corrupción, entre ellos el cobro de comisiones por parte del jefe de la Demarcación en su día".

Por ello, además de pedir las competencias, la proposición incluye también la consideración del litoral como "bien común a proteger" y el rechazo del Parlament a "su subordinación al interés particular y el negocio". Además, insta al Gobierno central a aumentar los medios de vigilancia marina y costera en Balears, con el fin de "evitar las agresiones ambientales al litoral y preservar el uso público del dominio público".